Campeche, Camp., La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ordenó a la empresa Producciones Telemar SA de CV que en cinco días proporcione “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales”, y advirtió que se le impondrán sanciones económicas y procesos legales de no cumplir con los requerimientos; sin embargo, no explicó la razón de dicha solicitud.

La firma consideró esta acción como “un intento de control y censura”, similar al que se impuso al diario Tribuna y al periodista Jorge González Valdez, a quienes se dictaron medidas cautelares para que en sus publicaciones no haga referencia a la gobernadora Layda Sansores.

En caso de hacerlo, tendrán que enviar las notas a una oficina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde un censor definirá si se publica o no.

Además de las medidas cautelares por presunta incitación al odio y la violencia que se dictaron contra Tribuna y González Valdez, que enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Walther Patrón Bacab, se sentenció al comunicador a pagar una indemnización de 2 millones de pesos, y para garantizar el desembolso su casa se encuentra embargada.

Telemar es una filial del corporativo Organización Editorial del Sureste, la cual también administraba Tribuna y dejó de salir al aire a través de las señales de cable desde hace más de dos años, por lo que sólo funciona como plataforma digital.

Buscan limitar la libertad de expresión

“La acción de la FGECAM, señaló Telemar, refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

También publicó que “este procedimiento se da luego de la censura previa al periódico Tribuna, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal.

El oficio 040/2025, dirigido el pasado 14 de octubre al administrador general de Telemar, Isidro Yerbes Cruz, hace referencia a artículos de la Constitución federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la FGECAM, que obligan a las personas y empresas a suministrar información en investigaciones del Ministerio Público.

No obstante, añadió el medio, “el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad y un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche”.