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Cañeros jubilados de Michoacán demandan aumento a pensiones
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 22 de mayo de 2025, p. 25

Morelia, Mich., Representantes de más de 3 mil cañeros pensionados del ingenio de Puruarán, ubicado en el municipio de Turicato, Michoacán, acudieron ayer al Congreso local para solicitar su apoyo a fin de gestionar pensiones dignas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque no han mejorado sus condiciones a pesar de los reclamos que han expresado desde hace más de 15 años.

José Luis Barajas, integrante de la Confederación Nacional de Pensionados y Jubilados de Puruarán, dijo que sus compañeros exigen que las pensiones se calculen y paguen en salarios mínimos, no en unidades de medida y actualización (UMA); aumento de 100 por ciento a las pensiones y atención médica de buena calidad.

Sólo $3,800 al mes

Barajas fue productor de caña en la tenencia de Puruarán, y su producto se enviaba al ingenio de Pedernales. Desde 2017 recibe una pensión que no es suficiente para mantener a una familia; no es aceptable que los cañeros pensionados del IMSS percibamos pensiones por la miserable cantidad de 3 mil 800 pesos mensuales, y que aparte se nos otorgue un servicio médico parcial y con cargo a nuestra cuenta.

Expuso en entrevista que la situación adversa que vivimos todos los pensionados del país se ha agravado desde 1997, año en que la seguridad social se convirtió en un negocio que sólo ha servido para una mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

Recordó que en febrero de 2024 él y sus colegas entregaron un documento al gobierno federal para demandar incrementos a las pensiones, y supuestamente hubo algunos cambios, pero los cañeros no han percibido mejora alguna.

Agregó que, según el IMSS, la pensión debió aumentar de acuerdo con la inflación, es decir, respecto a 2023 ello representa unos 300 pesos, y no es lo que marca la Ley Federal del Trabajo.

El pequeño productor de caña comentó que la demanda de justicia y la erogación de UMA en el pago de pensiones llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no ha habido respuesta.