e los comentarios expresados en diferentes medios por quienes están al tanto de lo que sucede en el círculo más cercano de influencia al presidente Donald Trump, se puede deducir la posibilidad en un cambio de actitud en tanto su política comercial. Parece que ha sido determinante la influencia de las más grandes cadenas comerciales y de algunas industrias, que han insistido en el daño que la política arancelaria del presidente puede ocasionar a la nación. En opinión de especialistas, dicha política puede derivar en inflación y depresión simultáneamente en la economía estadunidense.

En otras palabras, un fenómeno combinado conocido en lenguaje técnico como estanflación (Samuelson 1970): inflación, nulo crecimiento del empleo y aumento sensible en el desempleo. Por ahora, no existe la confluencia de por lo menos dos de esos factores. El desempleo que Trump heredó del régimen anterior continúa siendo bajo y el pronóstico de crecimiento económico, aunque bajo, es positivo. Los signos de la recesión aún están ahí, pero por ahora, disminuyen ante la posibilidad de que el presidente estadunidense reconsidere en los aspectos más astringentes y dañinos de su política comercial.

Otro de los factores que han inyectado cierto optimismo sobre el futuro inmediato de la economía es la relajación de las relaciones entre Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay indicios de que voces más sensatas han logrado que el presidente reflexione sobre el gran daño que ha ocasionado en los indicadores económicos su terquedad en insistir en que el Banco de la Reserva baje la tasa de interés y su intención en destituir a Powell, si no accede a su deseo. Ambas noticias han logrado calmar un poco la turbulencia en el mercado de valores, pero hay uno más, aunque no tan aparente. Entre las tácticas favoritas del presidente está la de distraer la atención de los asuntos que más preocupan a la sociedad, abrumándola con el anuncio de múltiples iniciativas, sin explicar sus razones ni el contexto en el que se aplicarán. Entre ese juego de espejos aparece su disputa actual con el poder judicial.

Es inquietante la ­creciente tensión en la relación de la administración actual con algunos jueces que han puesto en cuestión sus decisiones en varias esferas, una de ellas la correspondiente a la ­migración. Hay por lo menos tres órdenes de otros tantos jueces para que sean repatriadas algunas de las personas que han sido injustamente deportadas recientemente. Varios jueces han determinado que se violaron sus derechos, uno de ellos el de un juicio justo sobre las causas que determinaron su ­detención y posterior deportación. La administración del presidente Trump se ha negado a acatar las ­órdenes judiciales para que se suspendan las detenciones ilegales y se cumpla con las órdenes de repatriación. El escalamiento de esa confrontación, de acuerdo con especialistas, ­pudiera derivar en una crisis ­constitucional.

En ese contexto sucedió algo insólito. La semana pasada fue detenida una jueza que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, interfirió con las autoridades migratorias para evitar la detención de una persona que supuestamente había cometido un delito. Independientemente de las razones que tuvieron la jueza y el Departamento de Justicia, la cuestión deberá ser ventilada en los tribunales. Diversos analistas consideran que, en el fondo, el hecho obedece a la intención de atemorizar a los jueces para que eviten el poner en cuestión la legalidad de las órdenes ejecutivas del presidente. La pregunta es, si los jueces responden como un cuerpo responsable de su obligación con la ley y la Constitución, o si ceden a la campaña atemorizadora del gobierno. Hay quienes han expresado la posibilidad de que en este y otros casos, como el recorte de fondos a las universidades, den pie a un movimiento de resistencia civil que tenga el efecto de hacer reflexionar al gobierno sobre muchas de sus arbitrarias decisiones.