Nueva York. Es el fin del Partido Republicano, proclamaron algunos observadores al comentar sobre las crecientes divisiones internas entre los aliados de Donald Trump y sus adversarios –muchos de ellos antes súbditos leales del entonces presidente– generadas al acelerarse las investigaciones criminales federales y locales contra el ex mandatario y sus cómplices en los últimos días.

La diputada federal Liz Cheney, quien antes ocupaba el tercer rango más alto de liderazgo de su bancada en la cámara baja y es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, ahora es la figura anti-Trump de mayor perfil en el Partido Republicano.

Al reconocer su derrota en su intento de relección el martes, resultado de su desafío a Trump por condenar su intento de descarrilar y revertir la elección presidencial, Cheney declaró que podría haber ganado, pero que eso hubiera implicado aceptar la mentira de Trump sobre la elección de 2020 de que perdió por un fraude, y facilitar sus esfuerzos para deshacer nuestro sistema democrático y atacar los fundamentos de nuestra república.

Ayer, subrayó que su misión inmediata es hacer todo lo posible para evitar que Trump regresara a la Casa Blanca, y aseveró que ya está estableciendo una entidad política con ese propósito. Más aún, indicó que está pensando lanzarse de candidata presidencial en 2024.

Mientras, nada menos que Mike Pence –el ex vicepresidente de Trump– implícitamente declaró lo mismo ayer, cuando afirmó que estaba dispuesto a contemplar, si es convocado, declarar ante el comité selecto de la cámara baja que investiga el asalto al Capitolio, el cual es copresidido por Cheney.

Pence también pidió que los republicanos dejen de atacar a la FBI y su personal por el cateo a la residencia de Trump. Políticos aliados con el magnate, incluyendo del liderazgo de la banca republicana, han denunciado con furia el cateo y acusando a la FBI de ser parte de un esfuerzo políticamente motivado contra el ex mandatario.

Vale recordar que Trump acusó a Pence de ser un cobarde al no cumplir con sus órdenes de descarrilar la certificación del voto electoral en el Congreso –como vicepresidente tenía la función de presidir ese paso final de una elección presidencial– lo cual puso su vida en riesgo durante el asalto al Capitolio ese día, cuando la turba repetía la consigna de cuelguen a Pence, mientras el Servicio Secreto lo escondió en un cuarto seguro. Cuando Trump fue informado de ello, sólo comentó: se lo merece.

Pero a pesar de que hay más elementos en mútiples investigaciones sobre posibles delitos cometidos por Trump y sus aliados revelados casi a diario, lo que provoca mayor preocupación y grietas más visibles dentro de su partido, el ex mandatario sigue manteniendo un control extenso sobre el Partido Republicano gracias al amplio apoyo que goza entre las bases.

Más aún, está logrando aniquilar a partidarios que se atreven a desafiarlo. De los 10 diputados republicanos que votaron a favor de su impeachment después del asalto al Capitolio por sus fanáticos el 6 de enero de 2021, ocho –incluida Cheney– ya no ocuparán sus curules al inicio de la próxima sesión del Congreso en 2023.

Sin embargo, aún no se sabe qué tan extenso será el daño legal y político del cateo de su residencia por la FBI la semana pasada y la revelación de que está bajo investigación por posibles violaciones de la Ley de Espionaje y otras leyes en torno a su manejo de documentos oficiales secretos.

Trump y su equipo han estado buscando contratar abogados de alto nivel para defenderse contra esta investigación federal, pero se han sorprendido de que la respuesta de muchos de los mejores abogados en estos asuntos es un tajante no, reporta el Washington Post.

Aparentemente hay renuencia en representar una figura que tiene fama no sólo de ser un cliente difícil e indisciplinado, sino uno que no paga lo que debe, y menos prestigio que antes en representar a una figura como Trump.

Aunque sí han logrado contratar a un abogado famoso en parte por representar estrellas de rap en Atlanta, entre ellos Cardi B y Migos, para ayudar a enfrentar la investigación criminal sobre interferencia electoral en Georgia por socios del ex presidente, entre ellos su abogado personal, quien fue interrogado ayer por fiscales ante un gran jurado en ese caso.