La mayoría de las entidades del Pacífico afectadas por el tráfico de drogas vinculadas al opio-amapola registra un aumento en los delitos considerados de alto impacto.

El litoral –en especial la franja Guerrero, Jalisco, Colima y la fronteriza Baja California– presenta los mayores índices de homicidios dolosos en este sexenio.

Colima tiene el primer sitio con 457 asesinatos intencionales que para esta entidad de unos 700 mil habitantes, la coloca con una tasa de 51.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras la nacional parcial (enero-agosto) es de 15.10.

El incremento del número de averiguaciones previas abiertas por homicidio ha sido vertiginoso.

En especial, Colima es la más golpeada porque hay una disputa entre grupos criminales por el paso (y recepción de la droga en el puerto de Manzanillo). La entidad tuvo en 2015 un registro de 162 averiguaciones por asesinato, mientras tan sólo en los ocho primeros meses de 2018, la cuenta va en 394 carpetas de investigación.

(Las cifras de casos y víctimas es diferente, pues en una carpeta se puede incluir una o más víctimas.)

Le sigue Baja California, con mil 814 homicidios dolosos en lapso referido de este año, equivalente a una tasa de 49.2 crímenes por cada 100 mil habitantes.

La entidad –donde se concentra el mayor número de ilícitos, pero la problemática se extiende en toda la frontera con Estados Unidos– tiene, además, los niveles más altos de robo a casa habitación y la más alta en todo el país en hurto de vehículos.

En Guerrero, con alta producción de amapola (al igual que Sinaloa y Durango), de enero a agosto se abrieron mil 858 expedientes por asesinato, lo cual lo coloca en tercer sitio con una tasa de 41.57.

El viernes, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que la legalización de la producción de goma de opio con fines medicinales puede ser una salida al problema (de inseguridad) en la entidad.

Las fuentes consultadas dijeron que la legalización de la goma de opio con fines médicos se propuso en el gabinete de seguridad hace tres años. No resolvería todo, pero sí impactaría en el mercado negro, generador de la violencia en distintas regiones, señalaron.

Pese al aumento de los índices delictivos en casi todo el país aún no hay fecha de la sesión en que se hará un balance sexenal del tema, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Funcionarios consultados dijeron que el atraso se debe a los trabajos de transición en el gobierno federal.