Nuevo Laredo, Tamps., Ante la impunidad que cubre a los crímenes cometidos por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha solicitado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las desapariciones perpetradas por marinos en esta ciudad.

La solicitud de audiencia, a celebrarse del 3 al 7 de diciembre próximo, a la que ha tenido acceso La Jornada, señala que el propósito es brindar información actualizada a la CIDH en relación con las graves violaciones de derechos humanos que representan las 51 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre febrero y mayo del presente año en esta ciudad.

Hay falta de acceso a la verdad, justicia y reparación, dice el texto firmado por Karla I. Quintana Osuna, directora general de Asesoría Jurídica Federal de la CEAV.

Esta solicitud a la CIDH representa una evidencia de que la autoridad mexicana no está haciendo su trabajo para esclarecer los hechos, para proteger a las víctimas, sus familias, los testigos y defensores, ni para llevar a los responsables a la justicia, indica en entrevista Raymundo Ramos Vásquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Amenazas y difamación

En el apartado de contexto, la solicitud explica que la desaparición y la desaparición forzada es un problema estructural en México y agrega que son ya más de 37 mil 435 personas desaparecidas en el país, según la más reciente información proporcionada por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Estos apuntes no aportan un dato verdaderamente certero en relación con el contexto actual del país, debido que existe un alto índice de impunidad que genera que la mayoría de las personas víctimas o los familiares de las personas desaparecidas no denuncien.

Sobre el fuero militar, afirma que la legislación vigente dificulta los litigios en materia de desaparición y que sólo se han logrado alrededor de 20 sentencias penales.

La militarización, señala el texto, ha desatado mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos. Además precisa que existe una situación de amenazas y hostigamiento a la que se enfrentan los defensores y familiares de las víctimas luego de denunciar a la Marina.

El mayor número de ataques difamatorios por parte de la Semar han sido dirigidos contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos Vásquez, a quien han vinculado con el crimen organizado.

“En ese sentido, existen notas periodísticas en las que señalan que el grupo delictivo de Los Zetas realizó pagos de 80 mil pesos semanales a organismos de derechos humanos, en especial a Raymundo Ramos, para la promoción de denuncias en contra de elementos de la Semar y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como para esconder a personas de Los Zetas en su oficina”, indica la funcionaria en el texto de solicitud.

Ramos Vásquez dice en entrevista que él, víctimas, familiares y testigos han vivido los últimos siete meses una intensa campaña de acoso y hostigamiento: Es una campaña de difamación, amenazas y criminalización por parte del gobierno federal y del gobierno de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca. La situación es altamente grave porque tenemos documentados 51 casos entre desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias atribuidas todas a la Marina y con pruebas.

Parcialidad escandalosa

La petición a la CIDH está sustentada además en la falta de acceso a la justicia y en la negativa de la Semar a proveer información sobre el paradero de los desaparecidos.

La funcionaria de la CEAV escribe que han obstaculizando las labores de búsqueda de personas y la investigación de los hechos; asimismo, se presenta la inactividad de las autoridades encargadas de la investigación, representando, en general una falta de acceso a la verdad y a la justicia.

Ramos Vásquez añade: Estamos enfrentando la parcialidad del Ministerio Público en favor de la Marina, la parcialidad de la Procuraduría General de la República (PGR), la parcialidad de los investigadores y la parcialidad del Estado mexicano.

Comenta que lo más grave es la actitud de Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, que en lugar de ayudar ha ido a Tamaulipas a amedrentar a testigos para que no declaren contra los marinos. El fiscal y todo el aparato de la PGR protegen a los más de 250 elementos de la Marina que estuvieron en Nuevo Laredo de enero a mayo. No los están investigando. No quieren llegar a la verdad, enfatiza.

Y lo peor, explica que el fiscal y la PGR han abierto investigaciones contra las víctimas y sus familiares, además siguen presionando a los testigos para que se desistan. El fiscal y la PGR parecen más bien los defensores de la Marina, por eso vamos a pedir que sean investigados. Y eso lo vamos a exhibir con evidencia en la CIDH.

La audiencia de la CIDH se llevará a cabo cuando entre en funciones el nuevo gobierno, por lo que dice que esperan una respuesta del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Queremos que el nuevo gobierno no proteja al personal responsable de la Marina. Y que se inicie la búsqueda de desaparecidos, la protección de familiares y testigos y el acceso a la justicia.