n días recientes se dictaron dos resoluciones que aplazan la posibilidad de una siembra masiva de organismos genéticamente modificados (OGM) en nuestro país. Por una parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó el permiso otorgado a Monsanto en junio de 2012 para la liberación al ambiente en etapa comercial de la soya transgénica MON-0432-6, después de que los técnicos de este organismo constatasen la presencia de la planta modificada fuera de los polígonos autorizados, lo que supone un daño grave e irreversible. En otra resolución, el primer tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México decidió remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente sobre las medidas que impiden la siembra de maíz transgénico en México, por lo que la suspensión sobre estos granos se mantendrá en tanto el máximo órgano judicial decida acerca de la constitucionalidad de las disposiciones precautorias.

oy comienza! Ahora sí se cumplen 30 años exactos desde que se inauguró la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No diré parece que fue ayer, porque su riqueza no permite suponer que se haya logrado alcanzar tal situación en poco tiempo. Pero sí se me antoja recordar que la vez que oí hablar de ella, cuando era apenas un proyecto, todavía nebuloso, me pareció una pésima idea...

a calificación de inaceptable que ha hecho el rector Graue de la UNAM así como las declaraciones de los titulares de la Universidad de Guadalajara y de la Anuies respecto de la situación en la que se ha colocado a varias universidades públicas, enfrentan el discurso y la postura gubernamental de que no hay mucho que hacer para ayudarlas. Se habla como si el gobierno simplemente fuera un gestor de recursos ante la Secretaría de Hacienda y no se asume que representa al Estado, que éste ha tomado desde tiempo atrás la responsabilidad de la educación del país, y que no pueden ser indiferentes ante algo que amenaza potencialmente a todas las instituciones del país. Es tan incierto el financiamiento público a las instituciones que en cualquier momento una institución puede verse sin recursos frente a compromisos labores o civiles que por el marco normativo creado por el mismo Estado debió contraer para funcionar. El caso es que en unos días estas instituciones se verán obligadas a dejar de cubrir nóminas y adeudos y esto les generará a las siete que tienen problemas un daño muy importante e igual a sus casi 320 mil estudiantes (sólo contando licenciatura). Tendremos un panorama de profunda incertidumbre, con protestas, paros, conflictos internos profundos y, además, el acoso por parte de los acreedores, incluyendo dependencias gubernamentales como el SAT e Issste. Como ya lo ha tenido que hacer en el pasado una de ellas (Zacatecas), hasta podrían verse obligadas a entregar edificios históricos u otros bienes en compensación por adeudos. Es el de hoy un violento parteaguas de la relación entre el Estado y las universidades públicas y autónomas. Están siendo obligadas a entrar en una etapa sumamente problemática y de una enorme incertidumbre para sus trabajadores y para los estudiantes y sus carreras.

a relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el pasado 17 de noviembre una Declaración de cierre de Misión en México, llevada a cabo entre el 8 y el 17 de este mes. Durante su visita, la relatora se reunió con 200 representantes de pueblos indígenas, la mitad de los cuales son mujeres pertenecientes a 23 pueblos indígenas de 18 estados del país. Y llevó a cabo igualmente una evaluación al Estado mexicano sobre lo que ha hecho en relación con las recomendaciones que en 2003 hiciera Rodolfo Stavenhagen, de feliz memoria, entonces relator especial.

urante la Segunda Guerra Mundial ningún ejército quedó exento de abusos sexuales. Mujeres, niñas y niños fueron violados. Cuerpo arrasado, violentado, deshumanizado, demostración fáctica del poder sobre el enemigo. Tales prácticas se pueden rastrear hasta tiempos inmemoriales, pero en el siglo XXI la violación se considera un arma más de la guerra. En nuestra civilización occidental, culta pero hipócrita, se mantiene a costa de ser invisibilizada o negada. En el siglo XX, tras la guerra fría, la violación siguió siendo un método de lucha en manos de los ejércitos. Croatas, bosnios, serbios o estadunidenses en Afganistán, Irak o Guantánamo lo utilizaron. Igualmente, los honorables cascos azules de Naciones Unidas repiten las mismas prácticas. En Haití y el Congo, sin ir más lejos. Un Estado como Israel se jacta de las violaciones a mujeres palestinas a manos de sus soldados. Los mandos prefieren mirar hacia otro lado. Son cómplices, cuando no violadores. Durante las dictaduras cívico-militares en América Latina las violaciones superaron las expectativas. Incluían prácticas de zoofilia. En Chile, una mujer, oficial de carabineros y miembro de la Dina, Ingrid Olderock, fue la encargada de entrenar a los perros. Su historia ha sido relatada por Nancy Guzmán en el libro La mujer de los perros. La lista puede continuar. Sería extensa. Aunque siempre se justificó, eran impugnadas en los códigos militares y han sido escasos los procedimientos abiertos judicialmente por violación. Son pocos los ejércitos y movimientos de liberación nacional que actúan contra sus miembros en casos de abusos sexuales. En esta lista cabe mencionar al Movimiento 26 de Julio en Cuba o a los de liberación nacional en Centroamérica (URNG, FSLN, FMLN). Durante el conflicto armado no hubo contemplaciones. Dentro de las fuerzas populares, conocidos los casos, se actuó de inmediato.