n días pasados La Jornada, la revista Proceso y otros diarios nacionales publicaron una narrativa de lo que está sucediendo en una Corte Interamericana de Justicia, en relación a los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de mayo de 2006, cuando fuerzas de seguridad del estado de México atacaron a la población de San Salvador Atenco con lujo de violencia, asesinando a dos jóvenes vecinos del poblado y capturando a hombres y mujeres dentro de sus hogares, a los que privaron de su libertad sin presentar órdenes de arresto, (lo cual constituye un acto de secuestro condenado por la ley) y subiéndolos a camiones donde fueron golpeados y las mujeres violadas por elementos de la policía cuya función debía ser precisamente la contraria: velar por la seguridad de la población. Todo ello fue realizado con el propósito de amedrentar a los habitantes de ese poblado, algunos de los cuales se habían manifestado en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, utilizando las tierras que constituían el medio de sustento de la comunidad y que por ello se negaban a venderlas.
El juicio en esa corte internacional realizado 11 años después de los hechos, se debe a que los tribunales de la justicia mexicana se negaron sistemáticamente a llevar a juicio a las autoridades y a emitir una sentencia en contra de los responsables de aquel acto criminal cometido muchos años atrás por órdenes de un oscuro personaje, que actuando como gobernador del estado de México había ordenado tal operativo. La trascendencia de este juicio internacional que constituye una vergüenza para nuestro país, tiene una gran relevancia en el presente, en virtud de que el personaje central de ese crimen es hoy Presidente de México y estamos a escasamente un año del término de su mandato, requeriéndole que entregue el poder a quien de manera legítima obtenga el triunfo en las elecciones presidenciales de julio próximo.
Un hecho que es de llamar la atención, es que en la fecha de ese ataque ocurrido el 3 de mayo de 2006, el entonces presidente de la República Vicente Fox, había cancelado ese proyecto de Aeropuerto para la Ciudad de México, sustituyéndolo con la construcción de una segunda terminal para el aeropuerto actual. ¿Cuál era entonces la justificación de ese violento operativo? Me atrevo a afirmar que ninguna; un acto criminal de abuso de autoridad, para acallar a los campesinos que defendían los derechos de propiedad de sus tierras, ante los intentos de ese gobernante y de sus cómplices para especular con ellas y generar el entramado para el negocio de lo que ahora es el aeropuerto en vías de construcción. Si nos detenemos a analizar este hecho, así como sus posibles causas y consecuencias, nos surge la idea de que en el fondo, lo que existía en la cabeza del gobernador era un profundo desprecio por la población indígena y campesina de su estado, al grado de pensar que éstos carecían de derechos para oponerse a su linaje e intereses, por lo que el ataque de sus fuerzas estaba plenamente justificado.
Por ello, seis años después de aquel suceso, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, repudiaron públicamente al autor de ese crimen, en ocasión de su visita como candidato del PRI a la Presidencia de la República en mayo de 2012. Desafortunadamente las acciones de los estudiantes agrupados en el movimiento #Soy132, no tuvo el impacto suficiente para eliminar esa candidatura, impidiendo así que muchas vidas valiosas se salvaran de los crímenes que han venido ocurriendo después, como el que dio como resultado la tragedia de Iguala donde el gobierno presidido por ese mismo personaje, desapareciera a 43 estudiantes y diera muerte a tres más de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como el asesinato cometido por otras fuerzas policiales el 19 de junio de 2016 en el poblado de Nochixtlan Oaxaca, como ejemplos de los miles de crímenes y desapariciones ocurridas durante su mandato presidencial.
Recientemente varios funcionarios del actual gobierno, incluyendo desde luego a quienes son cercanos a Enrique Peña Nieto e incluso él mismo, han afirmado en sus discursos sobre los posibles riesgos de que México se convierta en un país como Venezuela, lo que indudablemente sucedería según ellos, si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar la Presidencia en el próximo proceso electoral, sin importarles que la opinión de funcionarios del gobierno mexicano constituye un acto de intromisión en los asuntos internos de una nación con la que nuestro país tiene relaciones internacionales. Es posible que Venezuela enfrente algunos problemas actualmente, como los tienen varios países más de Iberoamérica, pero indudablemente se trata de una nación democrática, lo cual México dista mucho de serlo, como quedo comprobado en las pasadas elecciones en los estados de México y Coahuila, mientras que los niveles de inseguridad y violencia de nuestro país están entre los más altos del planeta y desde luego son varias veces mayores a los de Venezuela; opinar mal de un país de la comunidad Iberoamericana, mientras se ignoran los problemas internos de corrupción, de injusticia social, de crisis institucional, de retroceso en la educación nacional, y donde los gobernantes actúan con pleno desacato a las leyes constituye hoy la realidad nacional que como mexicanos debemos impedir que continúe.
Muchas son las posibilidades que tenemos para lograr este cambio en el próximo proceso electoral de 2018, en virtud del incontenible crecimiento de Morena, sin embargo debemos reconocer y tomar en cuenta que estamos ante el peor de los escenarios posibles: Uno en el cual, el grupo en el poder contara con el acompañamiento
de empresas trasnacionales interesadas en poder continuar con sus negocios y enormes ganancias mediante nuevos contratos arreglados y en el que contará igualmente con la legitimación
por parte de las autoridades electorales, que tal como lo hicieron en ocasiones anteriores, estarán ciegas ante la compra de votos y el uso indebido de los recursos públicos. Por ello los mexicanos debemos trabajar todos para lograr que el triunfo de López Obrador sea tan contundente, que cierre todas las posibilidades de cualquier intento de fraude proveniente del actual gobierno.
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