tra vez las mineras canadienses, otra vez los líderes sindicales charros de la CTM, otra vez la complicidad de las autoridades. Hoy son dos trabajadores asesinados por reclamar condiciones dignas de trabajo y un mínimo de libertad sindical. ¿Hasta cuando?
El homicidio de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, la noche del sábado 18 de noviembre pasado, a la entrada de Azcala, municipio de Cocula, Guerrero, exhibe una vez más un cuadro de impunidad y atropello que nos agravia a todos. Una empresa abusiva, Torex Gold Resources de Canadá frente a 600 trabajadores atrapados en un contrato colectivo de protección patronal, firmado sin su conocimiento, en una mina dirigida por Fred Stanford Torres. Como siempre, un sindicato espurio que genera encono a los trabajadores, condiciones laborales de alta explotación con jornadas extenuantes, ausencia de medidas de seguridad y salarios de hambre. Una reacción desesperada de los trabajadores que se resisten a laborar en esas condiciones y una brutal represión, primero el despido y después el homicidio. Volvemos a la época porfirista más de 100 años después. Parecería que poco ha cambiado en nuestro país. Pero no es un caso aislado, no hace mucho se denunció otro homicidio de cuya autoría se ha señalado a las mineras canadienses en Chicomuselo Chiapas, en agravio de Mariano Abarca.
Este acto de represión brutal ha generado una gran indignación a escala nacional e internacional. Crecen los reclamos que exigen explicaciones y castigo a los responsables, pero sobre todo, una acción estatal para evitar que se repitan estos actos.
La respuesta exigida al gobierno tiene varias dimensiones. En primer lugar, en relación a la actividad en nuestro país de las mineras canadienses, organizaciones de gran prestigio profesional, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en México, la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (Mainning Watch Canada) en Canadá y el grupo de monitoreo de libertades civiles internacionales, han denunciado los graves problemas provocados como la tala de bosques, contaminación de tierras y aguas, desplazamiento obligado a poblaciones, despojo a propietarios legítimos, falsas promesas, evasión fiscal y represión laboral.
Los informes de estas organizaciones documentan el que las mineras, básicamente extranjeras, se han apoderado de gran parte del territorio nacional, cuyo subsuelo es patrimonio de la nación. Además de los abusos aquí referidos, son inexistentes las ventajas para nuestro país de esta brutal sustracción de recursos naturales preciosos. Las gigantescas ganancias de estas compañías se explican por los mecanismos de corrupción, que obviamente implican a autoridades y gobiernos, y por la indefensión de los afectados: en el caso de Canadá, los beneficios son claros, la minería le aporta 54 mil millones de dólares anuales, de los cuales, 66 por ciento lo recibe de su inversión en el extranjero; en este rubro nuestro país ocupa el segundo lugar. Por lo que se refiere a los conflictos laborales, el detonante principal es consecuencia de las malas condiciones de trabajo que prevalecen en las minas, cuya prueba más fehaciente está en los numerosos accidentes de trabajo.
En el conflicto de Azcala, los trabajadores no tuvieron otra opción que estallar una huelga el 2 de noviembre pasado, ante la actitud de la empresa que pretende a toda costa imponer al sindicato cetemista rechazado por la gente, cuando su voluntad es ser representados por el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Once días después, el 13 de noviembre, policías armados llegaron a las instalaciones de la mina y en lugar de que la autoridad propiciara una solución al conflicto, hicieron causa común con la empresa y el sindicato charro. Cinco días más tarde, se produce el asesinato de los dos trabajadores mineros.
La irritación ha ido subiendo de tono, por el hecho de que conforme a las declaraciones de los trabajadores, los homicidas están identificados, e incluso fueron apresados por la patrulla del Ejército número 0827327; sin embargo, fueron liberados de inmediato, supuestamente por instrucciones superiores. Este conjunto de agravios ha calado en las comunidades cercanas que hoy se movilizan ampliando la dimensión del conflicto.
En cuanto al gobernante estatal de origen priísta, Héctor Astudillo, se esperaría de ´El una acción inmediata en contra de los responsables. Es preocupante su reacción, atendiendo a sus declaraciones formuladas a este diario ( La Jornada, 21/11/17, pág. 12), en donde expresa su preocupación porque estos hechos “espanten a los inversionistas¨, en lugar de tomar medidas inmediatas en contra de los agresores y garantizar que se acate la ley.
Este cuadro de complicidades exhibe un escenario que pretende ocultar el gobierno mexicano. Difícil hacerlo por su obviedad. Por ello, debemos hacer causa común a la revisión del comportamiento de las empresas mineras en nuestro país, suprimir los contratos de protección patronal, respetar la voluntad de los trabajadores de formar parte del sindicato minero, fincar responsabilidades a los homicidas y sus cómplices, cesar el acoso empresarial y gubernamental al Sindicato Nacional Minero y facilitar un debate nacional sobre las concesiones otorgadas en este sector a empresas privadas nacionales y extranjeras.
P.D. Aumenta el salario mínimo a 88.36 pesos diarios, una bofetada a la economía familiar, ya ni porque la mismísima Coparmex, había declarado estar dispuesta a aceptar un salario de 95.24. Resultaron más papistas que el Papa.
