unque algunas autoridades educativas cuestionan la utilización de este término, lo que ocurre con el interés de los jóvenes aspirantes por acceder al derecho a la educación media superior y superior es precisamente eso, un rechazo. Porque, primero, se les invita a todos (mediante una convocatoria); segundo, porque la enorme mayoría cumple con los requisitos establecidos (certificado del nivel anterior, pago por registrarse, pasar por un examen…); tercero, porque se presentan puntualmente y, pese a toda la expectativa creada, al final, la enorme mayoría no son aceptados en la educación universitaria y se les coacciona a la tecnológica. Con el agravante de que el rechazo no se debe a alguna circunstancia impredecible, de último momento; los organizadores saben perfectamente bien y desde hace más de 20 años que para cientos de miles, la mayoría, no habrá cupo.

A mediados de los noventa habiendo transcurrido casi 15 años (1982-1996) de prácticamente cero crecimiento de la oferta, este problema explotó en la cara de los responsables de la educación de niveles superiores, y su respuesta no consistió en comenzar a abrir más espacios, sino en avalar los exámenes a nivel superior y organizar mejor la exclusión con el examen único del Ceneval a nivel bachillerato. Por eso hay que hablar de rechazo y, además, de un rechazo bien organizado, institucionalizado durante décadas y eficientemente envuelto en la ideología del mérito que convence a los jóvenes de su culpabilidad (no pasé el examen, no me preparé) y para que estos jóvenes ya de por sí enfrentados a una situación de poca educación y menos empleo, no caigan en la cuenta de que ellos no son los culpables sino la dramática falta de espacios y la falta de responsabilidad de quienes están a cargo de prácticamente todos los niveles de gobierno y, por inacción, también de quienes tenemos un cargo directivo en las instituciones. En el fondo, la insistencia en desechar la palabra que diga la verdad (rechazados) es una manera de ocultar la bien organizada exclusión de cientos de miles, del derecho a la educación.

¿Qué se puede hacer? Desde las instituciones podemos organizarnos con dos objetivos. Uno, demandar de manera conjunta y en voz alta, un financiamiento suficiente, orientado específicamente a romper el estancamiento de la matrícula, y a ampliar el número de admitidos (hay instituciones que en 30 años no han tenido un cambio sustantivo en su matrícula). Un financiamiento, además, que dé certidumbre, que permita planear por años un crecimiento sustentado. Ninguna institución debe enfrentarse aislada a situaciones de recorte y el arranque de las campañas político-electorales que ahora vemos es el momento apropiado para exigir a los contendientes, muchos de ellos todavía con cargos públicos, que muestren en los hechos una clara definición en este sentido, a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México. Dejar de pronunciarnos nos hace aparecer como quienes asumen como inevitables los recortes a la educación. Guardar silencio, además, nos hace aparecer frente a nuestras comunidades de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos, como omisos.

Dos, procurar cambios que mitiguen la situación de los demandantes. Empezar a usar un discurso que desincentive los procesos de culpa y creciente depresión de los jóvenes. Dejar de enfatizar aquello de admitir sólo a los mejores, y hablar con la verdad a los rechazados. Decirles claramente que no se admite a más porque no hay ni una política de apoyo ni suficientes recursos públicos por parte del Estado, y que el rechazo no es debido a que algunos jóvenes son valiosos y otros no. Pero también es posible bajar de su pedestal al examen de selección –especialmente diseñado para la exclusión– y sustituirlo por procedimientos que disminuyan el peso y el costo de la ideología del mérito. Establecer, además, medidas que ofrezcan mayores facilidades de ingreso a grupos especialmente agraviados: las mujeres y madres solteras de origen popular; indígenas; personas con discapacidad; hijos de trabajadores de las propias instituciones, y los jóvenes provenientes de sistemas públicos de educación media superior (Colbach, Cetis, Conalep). Igualmente, revisar el presupuesto de las universidades para eliminar gastos suntuarios o de menor utilidad, suprimir subvenciones a empresas y gobiernos, y dedicar esos recursos a las labores de docencia. En alguna institución, con sólo suprimir el bono anual al personal de confianza, podrían contratarse 100 profesores más de tiempo completo. Finalmente, pueden hacerse más fluidos los mecanismos de ingreso diferido que durante lustros y gracias a las luchas de los rechazados, han mostrado su eficacia.

Todo esto no resuelve el gran problema, pero sí que inmediatamente miles más accedan y ayuda a que las comunidades universitarias se coloquen en un horizonte ideológico-cultural muy distinto al meritocrático que hoy construye la exclusión. Un ambiente fincado en el derecho a la educación, para una más ética y eficaz exigencia de recursos en favor de los jóvenes. Antier, con los violentos bloqueos, se confirmó que la Ciudad de México es ya parte del territorio narco. Ahora menos pueden las instituciones públicas ser vistas como eficientes maquinitas de la violencia simbólica del rechazo de cientos de miles de jóvenes. ¿A dónde queremos que vayan?

*Rector de la UACM