or noveno año consecutivo la sociedad civil se moviliza en diversos países este 22 de julio como parte de las acciones por el Día Mundial contra la Megaminería de Tajo a Cielo Abierto, actividad que azota y amenaza violentamente a nuestros territorios y a la herencia biocultural de las futuras generaciones. Es de tal magnitud el problema que estamos llegando a una situación límite frente a un modelo extractivo sustentado por corporaciones mineras y gobiernos completamente dispuestos a arrasar lo que sea con tal de establecer sus criminales proyectos, fundamentalmente los de extracción de metales preciosos (es necesario reiterarlo con esa crudeza y precisión). Todos los pueblos que enfrentan a las mineras y a sus aliados para expulsarlas de sus territorios. Lo tienen meridianamente claro: por sus consecuencias ambientales y sociales la megaminería de tajo a cielo abierto es una de las prácticas más depredadoras, irracionales e inmorales que ha impulsado la ambición del capitalismo financiero y sus agentes. Cuando a finales del siglo pasado, justo al iniciar la nueva fiebre financiera del oro, los opositores a a esta actividad advertían al mundo sobre sus múltiples peligros, las empresas mineras y sus aliados en el poder político no dudaron en calificarlos de alarmistas, mentirosos, ignorantes, románticos ecologistas, anarquistas antisistema, enemigos del desarrollo o minerafóbicos.
Conforme se han ido comprobando en el terreno las más negras predicciones sobre los irreversibles impactos del modelo extractivo basado en la megaminería, las mineras han afinado sus métodos para mentir, corromper, ocultar información, dividir y mantener el asedio a los territorios de su interés, impulsando con ello la violencia en todas sus manifestaciones. Incluso han invertido enormes recursos para desarrollar la ingeniería de conflictos sociales. Su objetivo consiste en ubicar las vulnerabilidades de una comunidad, es decir, todos aquellos elementos que permitan fracturarla e inhibir cualquier posibilidad de que sus integrantes se unan en defensa del territorio. Dichas estrategias van acompañadas de otras prácticas ilegales, quizá las más comunes sean, por un lado, seducir con billetes y promesas de negocio, prosperidad y futuro político a las autoridades municipales involucradas en los territorios a despojar, o por el otro, desplegar onerosos recursos jurídicos para acosar y perseguir opositores.
En México, la decana de las mineras trasnacionales, que operó ilegalmente un proyecto de megaminería a cielo abierto y que puso el ejemplo de cómo se puede pisotear a un país violando la ley y despreciando a sus habitantes, se llama New Gold-Minera San Xavier (MSX), autora, en sólo siete años de operación, del mayor atentado contra los derechos ambientales y bioculturales de los habitantes del valle de San Luis Potosí. Lo hecho por MSX fue una afrenta a la soberanía de México, pero también una muestra de cómo un poder fáctico fue capaz de convertir en socios de su delito a gobernantes y funcionarios de todos los niveles y que aún se mantienen en la impunidad: Vicente Fox, Marcelo de los Santos y Felipe Calderón, todos ellos panistas, encabezan la lista. Pero también MSX es la prueba incontrovertible de cómo actúan estos corporativos mineros cuando se trata de obtener el botín a toda costa.
No debe extrañarnos, por tanto, que en los meses recietes diversos proyectos de megaminería a cielo abierto para explotación de oro y plata que habían sido impugnados por la sociedad civil hayan sido retomados por las compañías mineras, ahora bajo la consigna de no detenerse hasta ponerlos en operación. Es el caso de la canadiense Candelaria Mining Corp., que en una postura de pendenciera soberbia ha retomado el proyecto Caballo Blanco, el cual había sido detenido por La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, organización que demostró la absoluta irracionalidad de ese negocio.
Algo similar ocurre en Morelos, donde la también canadiense Alamos Gold Inc. compró a su paisana Esperanza Silver el proyecto de tajo a cielo abierto que se pretende imponer a unos metros de la zona arqueológica de Xochicalco, Morelos, y que muchos creíamos cancelado para siempre. Por su parte, la canadiense Almaden Minerals, a pesar de no haber obtenido permisos para continuar con sus exploraciones en Ixtacamaxtitlán, Puebla, puso a la venta nuevas acciones por más de tres millones de dólares con el propósito de obtener capital especulativo fresco que le permita, en palabras de su presidente Morgan Poliquin, continuar perforando agresivamente
(sic). Mientras estos ejemplos se multiplican, 30 por ciento del territorio nacional se encuentra ya concesionado para exploración y explotación de minerales, fundamentalmente metales preciosos.
Cierto, se han conseguido grandes victorias en México en contra del despojo y la destrucción de la megaminería, pero ello no ha sido suficiente para detener la destrucción y la violencia de las mineras. El caso de la comunidad Júba Wajíin, en Malinaltepec, Guerrero, es ahora un gran emblema de la resistencia y la dignidad, y marca objetivos a todo el movimiento en la urgente defensa del territorio. Por ejemplo, desaparición inmediata de la inconstitucional ley minera que Salinas y sus leales, muchos de ellos activos, diseñaron para el despojo del territorio. La lucha es planetaria y requiere un cambio verdadero, no simulaciones.
En este noveno Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto vale profundamente el recuerdo de Carlos Montemayor, cuando en su lucha contra la MSX llegó a definir a la megaminería y sus alianzas político empresariales en México como una nueva forma de crimen organizado. En este 22 de julio, no hay que olvidarlo, pero sobre todo, no debemos permitirlo.
*Investigador del Colegio de San Luis
