Madrid. Ocho ex directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se sentaron ayer en el banquillo, en un juicio en la Audiencia Nacional por las irregularidades que llevaron a la entidad a la quiebra en 2011. La fiscalía acusa a siete antiguos altos cargos de falsedad de cuentas, estafa, apropiación indebida y administración desleal en la gestión de una entidad que se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España. Entre los acusados figuran el que fuera presidente de la entidad, Modesto Crespo; el ex director general, Roberto López Abad; la ex directora general adjunta, María Dolores Amorós, y el ex director general de planificación y control, Teófilo Sogorb. Para López Abad, Amorós, Sogorb y otro de los acusados, la fiscalía pide siete años y medio de prisión, y para los tres restantes entre un año y medio y 10 meses de cárcel.

La autoridad tributaria de México podría multar con unos 90 millones de dólares a los involucrados en un millonario envío de dinero de Estados Unidos que fue decomisado el año pasado en la aduana de Toluca, pese a que el origen de los fondos parece ser legal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en octubre que había detectado un paquete con documentos financieros que tenían un valor de 450 millones de dólares de una compañía estadunidense a una empresa basada en Ciudad de México. Las autoridades dijeron en ese momento que los recursos podrían estar relacionados con evasión de impuestos o lavado. Pero el jefe del SAT, Osvaldo Santín, explicó que una indagatoria sobre el decomiso mostró que el dinero es legal.