yer se cumplieron dos semanas del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y cofundador y colaborador del semanario local Ríodoce. Hace más de dos meses fue asesinada la también corresponsal de este diario Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua. En los lapsos referidos, otros informadores en México han sido objeto de agresiones de diverso grado, desde amenazas hasta la muerte. A la fecha, los crímenes contra nuestros compañeros no han sido esclarecidos, como no lo ha sido casi ninguno de los casos de homicidios de periodistas perpetrados en el país durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que a la fecha suman más de un centenar.

A pesar de las promesas de compromiso con la justicia por parte de los gobiernos estatales, y pese a la proliferación de modificaciones legales y de nuevas oficinas y programas en el ámbito federal, la impunidad sigue siendo el saldo en la gran mayoría de estos homicidios. Peor aún, hay sospechas fundadas de que se ha pretendido simular el esclarecimiento de algunas de las muertes con la fabricación de culpables.

Lo cierto es que ha faltado en las autoridades la voluntad real de investigar, de identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales y de ponerlos a disposición de las instancias jurisdiccionales correspondientes, y esa carencia sólo puede explicarse por una gravísima falta de comprensión de lo que implica la tarea de gobernar o, peor, por una deliberada intención de encubrir a los criminales.

Parecería que en las instituciones gubernamentales –particularmente las del ámbito local– no hay más estrategia para hacer frente a los asesinatos de periodistas que dejar pasar el tiempo y apostar al desgaste de los reclamos de justicia y, finalmente, al olvido social. En tanto no se exhiban pruebas en contrario, las fiscalías de Sinaloa y Chihuahua parecen moverse, en los casos de Javier y de Miroslava, en una lógica semejante a la de la institución homóloga en el Veracruz de Javier Duarte y, para colmo, que la dinámica de terror y muerte impuesta a los informadores de esa entidad en la administración pasada se prolonga a la actual, habida cuenta de que en los pocos meses transcurridos de la segunda ya han tenido lugar agresiones criminales en contra de dos periodistas.

Un homicidio no es más o menos grave ni más o menos condenable en función de la profesión u ocupación de la víctima. Ocurre, simplemente, que el asesinato de un informador no sólo afecta a su familia y a su entorno social inmediato, sino también a un sector de la sociedad que resulta vulnerado en su derecho a la información y, por extensión, al funcionamiento de la sociedad, cuyo desarrollo cívico y republicano requiere del trabajo de periodistas y de medios. Ninguna democracia puede florecer en medio del silencio.

Es claro que en tanto las autoridades no rompan de una vez por todas la cadena de impunidad y empiecen a procurar justicia efectiva, el periodismo seguirá siendo un oficio de alto riesgo en el país. Por eso, y por principio, es preciso redoblar las exigencias de esclarecimiento y de castigo a los culpables, tanto por nuestros compañeros asesinados como por todos los colegas que han sido privados de la vida o sometidos a otras agresiones. Si los gobernantes apuestan al olvido y a la opacidad, nosotros seguiremos apostando a la verdad y a la memoria.