Madrid. Ocho ex directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se sentaron ayer en el banquillo, en un juicio en la Audiencia Nacional por las irregularidades que llevaron a la entidad a la quiebra en 2011. La fiscalía acusa a siete antiguos altos cargos de falsedad de cuentas, estafa, apropiación indebida y administración desleal en la gestión de una entidad que se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España. Entre los acusados figuran el que fuera presidente de la entidad, Modesto Crespo; el ex director general, Roberto López Abad; la ex directora general adjunta, María Dolores Amorós, y el ex director general de planificación y control, Teófilo Sogorb. Para López Abad, Amorós, Sogorb y otro de los acusados, la fiscalía pide siete años y medio de prisión, y para los tres restantes entre un año y medio y 10 meses de cárcel.