Piden detener construcción de edificios en Benito Juárez

stimado doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Como vecinos de la colonia Del Valle desde hace muchos años, vemos con creciente preocupación la cantidad de permisos que de manera indiscriminada otorga nuestra delegación (Benito Juárez) para la construcción de edificios en predios que anteriormente eran ocupados por casas. Estas obras no sólo están destruyendo el trazado urbano de una colonia predominantemente residencial, sino que están provocando una serie de problemas que nos atañen a todos como habitantes de la Ciudad de México: contaminación, escasez de agua y deterioro y deficiencias de otros servicios, principalmente drenaje y recolección de basura, por no mencionar la circulación –cada día más torpe– tanto de vehículos automotores como de peatones.

na vez más, los funcionarios públicos del área financiera elaboraron la propuesta de presupuesto y la de ingresos para 2017. Lo hicieron repitiendo prácticas añejas, casi siempre dolorosas o, de plano, dañinas para muchos, quizá para millones de mexicanos. Ellos solos porque, en efecto, sólo son un puñado los que definen, según su entender, las prioridades y marcan las rutas a seguir. Tuvieron en consideración, como desde hace ya muchos años, las pautas marcadas por los grupos de poder y presión. Por esto se entiende el conjunto de grandes empresarios, locales y del exterior, que tienen acceso directo a tales deliberaciones. A tan selecto cortejo se le agregan, en distintos tiempos y modalidades, representantes de los organismos multilaterales (OCDE, FMI y BM) y un manojo no muy extenso de analistas del sistema bancario nacional. Lugar preponderante ocupan los personeros de las célebres calificadoras de riesgo (Moodys, Standard and Poor’s o Ficht.) Las agrupaciones empresariales tienen una pesada voz que hace audible su interesada opinión. También entran en ese juego de balances los deseos de la cúpula pública en cuanto a estimar, por ejemplo, las inversiones que podrían propiciarse o detenerse de acuerdo con expectativas, unas veces precisas pero la mayoría del tiempo nebulosas.

l politólogo catalán Joan Subirats, en Qué democracia queremos, afirmó: la calidad de una democracia se mide por cómo trata a sus minorías. Dicha afirmación es clásica en sociedades pluriculturales y diversas; en otras palabras, cómo la sociedad democrática se esfuerza para integrar la diversidad y el respeto a los derechos de las minorías. Las marchas del 10 de septiembre convocadas por la ultraderecha católica, habilitadas por la jerarquía, tienen, por un lado, toda la legitimidad de garantías del derecho público y de libertades cívicas consagradas por la Constitución para exponer sus convicciones. Sin embargo, los convocantes se exceden: en nombre de una supuesta mayoría pretenden imponer un modelo de principios y valores éticos y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, así como suprimir los derechos de minorías homosexuales. La ultraderecha católica logró doblegar al gobierno, mandando a la congeladora la iniciativa del presidente Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios. A pesar de ello, consciente de la fragilidad gubernamental, las demandas ahora van más allá. En materia moral, pretenden derogar el artículo 4º constitucional, imponiendo un tipo de familia natural, conformada por un hombre y una mujer, que puedan procrear. También, que los padres tengan el derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos, en aspectos como el sexual o el religioso o la también llamada ideología de género. Se rescata la iniciativa presentada en febrero de 2016 por el Consejo Mexicano de la Familia, respaldada con 200 mil firmas. En esa línea, grupos evangélicos, recientemente también, ingresaron otra iniciativa de reforma al 4º constitucional con el respaldo de 300 mil firmas. Ahora un grupo de 48 legisladores de diversos partidos, en especial Encuentro Social y Acción Nacional, apoyará esta reforma regresiva. Caben muchas preguntas: ¿los derechos individuales están sujetos a la presión pública? ¿Los derechos humanos consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución, que sostiene la no discriminación, están sujetos a modificaciones? Es un hecho que la Carta Magna objeta toda discriminación, incluidos aquellos que profesan diferentes preferencias sexuales; por ello se desprende que es inconstitucional que sólo los heterosexuales tengan derecho al matrimonio y a la procreación.