l politólogo catalán Joan Subirats, en Qué democracia queremos, afirmó: la calidad de una democracia se mide por cómo trata a sus minorías. Dicha afirmación es clásica en sociedades pluriculturales y diversas; en otras palabras, cómo la sociedad democrática se esfuerza para integrar la diversidad y el respeto a los derechos de las minorías. Las marchas del 10 de septiembre convocadas por la ultraderecha católica, habilitadas por la jerarquía, tienen, por un lado, toda la legitimidad de garantías del derecho público y de libertades cívicas consagradas por la Constitución para exponer sus convicciones. Sin embargo, los convocantes se exceden: en nombre de una supuesta mayoría pretenden imponer un modelo de principios y valores éticos y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, así como suprimir los derechos de minorías homosexuales. La ultraderecha católica logró doblegar al gobierno, mandando a la congeladora la iniciativa del presidente Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios. A pesar de ello, consciente de la fragilidad gubernamental, las demandas ahora van más allá. En materia moral, pretenden derogar el artículo 4º constitucional, imponiendo un tipo de familia natural, conformada por un hombre y una mujer, que puedan procrear. También, que los padres tengan el derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos, en aspectos como el sexual o el religioso o la también llamada ideología de género. Se rescata la iniciativa presentada en febrero de 2016 por el Consejo Mexicano de la Familia, respaldada con 200 mil firmas. En esa línea, grupos evangélicos, recientemente también, ingresaron otra iniciativa de reforma al 4º constitucional con el respaldo de 300 mil firmas. Ahora un grupo de 48 legisladores de diversos partidos, en especial Encuentro Social y Acción Nacional, apoyará esta reforma regresiva. Caben muchas preguntas: ¿los derechos individuales están sujetos a la presión pública? ¿Los derechos humanos consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución, que sostiene la no discriminación, están sujetos a modificaciones? Es un hecho que la Carta Magna objeta toda discriminación, incluidos aquellos que profesan diferentes preferencias sexuales; por ello se desprende que es inconstitucional que sólo los heterosexuales tengan derecho al matrimonio y a la procreación.

La laicidad no es una ideología. Las interpretaciones clericales pretenden caricaturizar el laicismo como una ideología antirreligiosa y anticatólica. Nada más alejado de la realidad en el siglo XXI; por el contrario, la laicidad es un conjunto normativo. Son reglas jurídicas que han permitido en nuestra historia moderna la convivencia pacífica entre diferentes confesiones, entre mayorías y minorías, entre creyentes y no creyentes. Por tanto, el Estado laico garantiza la libertad de los que creen y de los que no creen bajo una normativa de equidad; es decir, el Estado laico tiene la obligación de proteger las minorías. Así, la laicidad ha sido una herramienta que fortalece la paz y la democracia.

En ese sentido es reprochable el silencio y obsequiosidad de Gobernación. No se trata de reprimir a nadie ni limitar libertades de nadie, sino de poner orden en la cancha. La vulnerabilidad del gobierno, su empeño en no abrir nuevos frentes de conflicto a su atribulado liderazgo han facilitado la irrupción de un actor inesperado en nuestra circunstancia política, el ascenso de la ultraderecha católica. El debate sobre los matrimonios igualitarios fue el pretexto, pero ha quedado atrás; ahora lo que está en juego es la disputa de 2018 y la nueva estrategia de una derecha yunquista que ha salido del clóset. Una derecha fascista, que ha pasado de la infiltración sigilosa de puestos claves en partidos, redes empresariales, medios y gobierno, ahora da un paso al frente en el espacio público. Apalancada por numerosos obispos, la ultraderecha conspirativa aprovecha los vacíos propiciados por una gobernabilidad incierta. Ante la debilidad del gobierno, la ultraderecha ha pasado del complot de las cañerías a un protagonismo político de cara a la sucesión presidencial. Su entrada estelar a la escena pública, en la supuesta defensa de la familia tradicional, ha sido aparatosa, conflictiva y cargada de revanchas. Uno de los dirigentes del Frente Nacional por la Familia, Juan Dabdoub Giacoman, no pudo olvidar las raíces de su catolicismo belicoso al declarar a un diario de San Luis: La guerra cristera sigue, y hoy ya no se disparan balas, sino ideas. Este personaje, también presidente del Consejo Mexicano de la Familia, ha llamado la atención en un video por haber declarado: El voto de castigo a ese partido fue determinante para que haya perdido siete de las 12 gubernaturas por las que compitió, ¡una paliza! Estamos conscientes de que el rechazo al PRI no fue sólo por su postura antifamilia, pero estamos seguros de que fuimos de gran influencia... esto apenas empieza, ya estamos trabajando para las elecciones de 2018, donde no habrá espacio para candidatos antifamilia de ningún partido. Vaya advertencia. La ultraderecha católica pretende convertirse no sólo en materia moral en una nueva Santa Inquisición, sino también en el ámbito político. En contraparte, si reciben señalamientos públicos o de alguna autoridad, estos católicos conservadores advierten persecución y martirio, emulando a los cristianos arrojados a los leones. Buen ejemplo de esta fallida teatralidad es Hugo Valdemar, quien provoca constantemente para después proclamarse perseguido. Recordemos cuando fue apercibido por Gobernación en 2011 por hostigar al PRD, llamando públicamente a los católicos a no votar por dicho partido. Al padre Valdemar le encanta inmolarse, se proclamó el primer perseguido político del Marcelo Ebrard y ahora ha emprendido una cruzada contra el Conapred, porque ha turnado las decenas de quejas en su contra por sus posicionamientos discriminatorios.

La calidad de la democracia en México pasa por garantizar un conjunto de derechos democráticos, entre otros, las libertades, el derecho a la expresión, al disenso, a la inclusión y el respeto a las minorías sea cual fuere su carácter. Aquí deben caber minorías con diferentes preferencias sexuales y minorías religiosas conservadoras. Siempre y cuando se respete el orden social y jurídico establecido. Veremos el desenlace de la próxima marcha del 24 de septiembre. El problema de la ultraderecha católica yunquista es que históricamente ha sido conspirativa.