yer, al mediodía, inició sus trabajos la Asamblea Constituyente, que tiene la responsabilidad de elaborar la primera carta magna del hasta hace poco Distrito Federal, reconvertido mediante una reforma política en Ciudad de México. El organismo, que sesiona en la vieja sede del Senado, tiene ante sí el desafío de recoger los anhelos y las reivindicaciones de los capitalinos, agregarlos a los derechos ya logrados en la entidad y plasmarlos en un documento armónico con el marco constitucional federal, en el que se establezcan los lineamientos para el desarrollo en todos los ámbitos –urbano, político, económico, educativo, social y cultural, entre otros– de la ciudad capital.
La tarea sería de suyo enorme incluso si los constituyentes hubieran de realizarla en un contexto de plena soberanía y si el organismo hubiese surgido en su integridad de la voluntad popular. Sin embargo, el proceso se encuentra acotado por los términos del marco legal promulgado el 29 de enero de este año, que limita severamente las potestades de la nueva entidad, mantiene la supeditación de varias funciones primordiales del gobierno local a la Federación y marca, en los hechos, una autonomía mucho menor que la que gozan los otros estados del país. Por añadidura, sólo 60 por ciento de los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos, en tanto los otros 40 fueron designados por el Ejecutivo federal, el gobierno capitalino y las cámaras del Congreso de la Unión. Ello dio lugar a sub y sobrerrepresentaciones de las fuerzas políticas que acudieron a los comicios del pasado 5 de junio, en los que se decidió parcialmente la composición de este colegiado.
Con esos hechos en mente resulta claro que el estatuto de la capital habrá de ser necesariamente provisional, en tanto se consigue la erección de la entidad en un estado soberano, como merece y ha reclamado su población a lo largo de décadas.
En esos estrechos márgenes deberán moverse los constituyentes de la ciudad, a fin de conseguir una carta magna apegada al sentir de una ciudadanía mayoritariamente progresista, liberal, solidaria, ansiosa de transparencia, democracia y rendición de cuentas, poseedora de un acendrado sentido social y que en las gestas antiguas y modernas de sus barrios, sus pueblos y sus ciudadanos ha dejado claro su deseo de privilegiar lo público sobre lo privado.
Lo anterior implica la necesidad de incorporar al marco constitucional las conquistas logradas por los capitalinos a lo largo de 19 años de gobiernos surgidos de la izquierda, particularmente en lo que se refiere a beneficios sociales –como la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y madres solteras, el seguro de desempleo, los programas de salud y alimentación– y a derechos de género y equidad, como la despenalización del aborto y la legalidad de los matrimonios igualitarios. Es necesario agregar a la carta magna los conceptos de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en beneficio de las comunidades indígenas que viven en el territorio. Debe pensarse en normas constitucionales que impidan el crecimiento anárquico de la mancha urbana y pongan freno a la especulación inmobiliaria, que es uno de sus principales factores. Se requiere la inclusión de derechos de nueva generación, tanto en lo político como en lo social, en materias tan diversas como vivienda, movilidad, medio ambiente, garantías especiales para mujeres, discapacitados, niños, adolescentes y población en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Redactar una constitución, finalmente, es la manera más practicable de acercar las utopías sociales a la realidad, en la medida en que la regulación del quehacer social del presente contribuye a modelar en un sentido o en otro la sociedad del futuro. Por el bien de los capitalinos cabe esperar que la Asamblea Constituyente se desempeñe, a pesar de sus limitaciones, a la altura de semejante desafío.
