a española Beatriz Becerra Basterrechea es vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo y ayer tuiteó: la deleznable impunidad del crimen organizado que abate a México. La suya fue una más de las reacciones de enojo ante uno más de los secuestros y crímenes que forman parte del escenario cotidiano de nuestro país: también hispana, María Villar Galaz salió el pasado 13 de su centro de trabajo en Santa Fe (IBM, donde atendía el área de banca) y abordó un taxi con rumbo a su domicilio, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Según esta versión, fue secuestrada a bordo de ese auto de alquiler y, aunque se pagó rescate (menos de lo pedido por los delincuentes), la asesinaron y su cuerpo fue encontrado en Toluca. Otra versión, la del ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, difiere en cuanto al momento de la captura, pues el funcionario señaló que Villar Galaz fue capturada en un cajero automático de Santa Fe.

Este caso, uno más en las historias de terror diario de este país, que efectivamente está abatido, tuvo resonancia internacional porque María era sobrina de Ángel María Villar, actual presidente de la Federación Española de Futbol y, hasta hace unos días, presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA).

En la Ciudad de México, la productora Adriana Rosique apareció muerta, sin que al momento de escribir estas líneas haya precisión oficial respecto de las causas y circunstancias de su deceso, aunque diversas versiones confiables hablaban de un suicidio cometido en la noche del pasado domingo. Ella había sido esposa del cineasta León Serment, quien fue asesinado el pasado 27 de agosto en una lateral del Periférico, a la altura de la calle Alconedo (cerca del cruce con Barranca del Muerto), luego de haberla acompañado a que abordara un Uber. Serment y su hijo Benjamín, de 22 años, fueron golpeados por asaltantes aparentemente enojados porque sus víctimas no llevaban pertenencias de valor. A León, quien fue director de la película El efecto tequila, le asestaron varias cuchilladas y falleció.

Adriana Rosique cumplió con las diligencias acostumbradas en los laberintos policiales, forenses y ministeriales. En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, acompañada por la periodista Marisa Iglesias, Rosique, quien era productora en trabajos profesionales de Serment, narró parte de la historia personal de ambos y los detalles de lo que sucedió antes de que ella subiera al servicio automovilístico de Uber, sin imaginar lo que habría de suceder. En sus palabras y actitud había una dolorosa confianza en que las autoridades habrían de cumplir con su cometido e indagarían las circunstancias del asesinato de León y los golpes a su hijo, y que habría castigo. Una ciudadana en espera de que las instituciones, los gobernantes, hicieran justicia.

Los casos de la española Villar Galaz y de los mexicanos Serment y Rosique tienen como contexto nacional la deleznable impunidad del crimen organizado, de la que hablaba en Twitter la parlamentaria europea Becerra, citada al inicio de la presente columna. En diversas partes del país se viven peores historias, aunque no alcancen tanta difusión, convertidas inclusive en parte del panorama usual, de la narrativa acostumbrada, que ya no suscitan expresiones especiales de asombro.

Siendo tan frecuentes tales acontecimientos en otras latitudes, en especial en los estados norteños, ahora se van multiplicando en la Ciudad de México y, en especial, en sus zonas conurbadas con el estado de México. Va decayendo, con fundadas razones, la percepción de relativa mejoría en los niveles de seguridad pública que se había mantenido en la capital del país durante largos años. Han vuelto las historias de los secuestros exprés, los robos domiciliarios violentos, los asaltos a plena luz del día y en lugares concurridos y la sensación de que una parte de los cuerpos policiacos capitalinos está en un plano de gran desatención de sus obligaciones o en pleno entendimiento con los delincuentes.

En el estado de México se viven peores situaciones, con un alarmante crecimiento en los casos de secuestro y, en especial, de homicidios contra mujeres. El gobierno de Eruviel Ávila hace cuanto le es posible por ocultar o diluir esa realidad, sobre todo en función de los intereses relacionados con las elecciones estatales del año que entra, y las presidenciales de 2018. En Toluca, como en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, los mayores afanes están puestos en el futurismo electoral y no en atender el presente cada vez más complicado.

Tampoco ha de desdeñarse el hecho de que los cuerpos de recaudación extraoficial de fondos para campañas suelen presionar a policías, inspectores y funcionarios en general para que consigan recursos económicos que ayuden a los jefes en sus siguientes campañas electorales. Esa recolección de dinero no fiscalizable pone a trabajar, hombro con hombro, a policías y ladrones, a agentes y asesinos, para cubrir cuotas para el futuro e ir cerrando la etapa de máxima corrupción, conocida como año de Hidalgo (tarugo el que deje algo).

En el municipio Pedro Escobedo, de Querétaro, el flamante secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, se destapó retóricamente, transformado en una especie de precandidato presidencial de última hora, como si fuera un ciudadano indignado ante el gobierno incapaz y no parte fundamental de él: Así como se parten la madre los migrantes, pártanle la madre a esos malos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios, no dejen que los malos lleguen aquí. No dejen que este estado se convierta en algo que no quieren, dijo el compadre Miranda, rebelde, insurrecto, malsonante para tratar de sonar bien.

Y, mientras el panista que gobierna Guanajuato ha llamado a pedir a Dios que no gane Donald Trump, ¡hasta mañana!

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