n el poder hay una tendencia intrínseca al crecimiento y al abuso; una fuerza interna empuja a los poderosos a incrementar sus facultades y a romper las barreras que les ponen límites y controles. Montesquieu, el autor de El espíritu de las leyes estudió a partir del largo proceso de siglos el progresivo acotamiento del poder real inglés, como resultado del crecimiento y presencia del parlamento, en un principio la Cámara de los Lores, representantes de la nobleza territorial y después la Cámara de los Comunes, representantes de los ciudadanos sin títulos nobiliarios y sin posición alguna derivada de la tenencia de la tierra.
Reiteró lo que Aristóteles, Bodino, Locke y otros ya habían descubierto y explicado: las sociedades bien organizadas obedecen a un poder que no es ilimitado; Montesquieu explicó que la división de poderes es un sistema de controles y usó la metáfora de las pesas y contrapesos
de la mecánica, necesarios para que ninguna persona ni corporación abuse de las facultades que la ley le reconozca. Dejó en una breve sentencia el sencillo resumen de la doctrina de la división de poderes: Sólo el poder limita al poder
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En México el artículo 49 constitucional consagra el principio; el texto aún no se ha modificado para empeorarlo, como es la tendencia de los últimos tiempos y en especial de las barrocas y mal intencionadas reformas denominadas estructurales. En nuestra carta constitucional siguen vigentes, aunque no siempre aplicadas a cabalidad en la vida cotidiana, las doctrinas que constituyen las piezas claves de nuestro sistema político: la división de poderes, la democracia y la soberanía popular.
Si falla una de estas tres instituciones, las otras no pueden funcionar a plenitud y el mecanismo de su buen funcionamiento, radica especialmente en el principio de las pesas y contrapesos. Fuerzas que se equilibran unas a otras.
El texto del artículo 49 prohíbe que se reúnan en una sola persona o corporación dos o tres de los poderes y tampoco permite que se pudiera depositar el Poder Legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias. En el pasado, se abusó de las facultades extraordinarias que el Legislativo delegaba en el Ejecutivo, quitándose responsabilidades y trabajo.
Fue Lázaro Cárdenas, en 1938, quien acotó esta facultad y cerró la puerta falsa que había permitido a los presidentes anteriores a él abusar del poder con autorización expresa del Congreso. Cárdenas redujo la posibilidad de facultades extraordinarias al caso extremo del grave peligro o conflicto a que se refiere el artículo 29 constitucional, como invasiones o catástrofes.
La reforma cardenista contuvo la tendencia al abuso, especialmente en materia legislativa, pero no impidió que sin autorización expresa y sin apariencia de legitimidad se continuara abusando de las facultades otorgadas por la Constitución, y en la práctica los presidentes han hecho y deshecho lo que a bien deciden.
Sin embargo, el abuso se había limitado por algún pudor nacionalista; el titular del Ejecutivo y su partido reformaban las leyes a su gusto, contando con un Congreso dócil y obsecuente; modificaban constituciones locales para imponer a sus incondicionales o consentidos; ocasionalmente defenestraban a gobernadores que no les eran adictos; limitaban garantías individuales y creaban todo tipo de organismos, dependencias, fideicomisos y órganos descentralizados o desconcentrados para lograr sus propósitos, pero se detenían ante algunos límites de soberanía nacional y de independencia en política exterior.
Los últimos gobiernos rompieron las barreras, las modificaciones que impusieron ya no respetaron límites ni de soberanía ni de independencia. Especialmente el actual gobierno, a partir del Pacto por México, impuso su programa encaminado a desmantelar el sistema de economía mixta y a entregar los bienes que se consideraban estratégicos, y lo eran, a la iniciativa privada y en especial a las grandes corporaciones trasnacionales.
Se rompieron los pocos controles, autocontroles, que quedaban; el equilibrio de poderes dejó de existir y tanto el Legislativo como el Judicial, sin romper abiertamente las formas, se pliegan al proyecto del Ejecutivo.
El único contrapeso que queda es el poder popular directo que puede aún cambiar el rumbo tomado y establecer límites al dañino poder creciente del sistema que prevalece en el país. Tienen ellos control económico y militar o policiaco, pero el pueblo no pierde la esperanza de que las cosas cambien; nos queda la libertad de expresión que, aun restringida, no puede ser anulada, y la participación en los procesos electorales; a la hora de votar, a pesar de triquiñuelas y compra de votos, es posible hacerlo con libertad y en conciencia. Para anular estos derechos, lo único que podrían hacer sería un golpe de Estado.
