recedida por el escándalo del fraude cometido por Oceanografía –empresa que obtuvo préstamos millonarios con base en documentación falsificada de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, la renuncia de Javier Arrigunaga a la dirección de Banamex adquiere una significación distinta a la de un simple y simbólico cambio de liderazgo, como afirmó ayer mismo el presidente del consejo de administración de esa institución financiera, Manuel Medina Mora.

e esperaba que la propuesta de ley elaborada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) presentada esta semana incluyera un apartado relativo a la transparencia sindical ajustado al marco constitucional, a los convenios internacionales vigentes, a lo señalado en la ley laboral y a lo establecido por el propio instituto. Se habían creado expectativas al respecto, en virtud de que el Congreso de la Unión tendría muy poco tiempo para aprobar una ley que le mandata la reciente reforma al artículo 6º constitucional, norma que deberá entrar en vigor el próximo 7 de febrero de 2015, con la aplicación en todo el país y a la cual deberán ajustarse los órganos de transparencia locales.

ucho más que otros temas, el educativo ha generado movimientos muy profundos, largos en duración y con múltiples implicaciones. Las repercusiones de la rebelión de maestros de 1979, por ejemplo, tres décadas más tarde todavía están presentes y, como se vio en 2013, muy lejos de haber perdido fuerza. Otro caso es el de los movimientos estudiantiles que desde 1986-1987 aparecen una y otra vez durante los 90 o permanecen como rescoldo, vigentes en escala pequeña. Suelen aparecer también inesperadamente, como el de 1996 en la ciudad de México en torno al examen único, la movilización estudiantil en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 1998 y luego en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000, y 14 años después, hoy, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Y cada vez parecen ser más intensos y radicales. Hoy en el IPN, en tan sólo unos cuantos días, la conducción institucional ha quedado rebasada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no retoma el asunto, estudiantes de otras instituciones se involucran y es el mismo secretario de Gobernación quien debe dar la cara y, de hecho, asumir el diálogo. Es decir, que el ciclo que recorre cada movimiento parece acelerarse también notablemente.

omo si no bastara con garantizar la impunidad del duopolio televisivo –que también controla la mayoría de otros medios de comunicación– y el lavado cerebral constante que aplican a la población, en México se legalizó, a través de las reformas en telecomunicaciones, que “la autoridad ejerza vigilancia masiva de la Internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, adónde hablan, con quién se comunican y eventualmente bloquear por razones de ‘seguridad nacional’ la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social. Los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje, localización y fichaje: tienen obligación de guardar los datos de los usuarios al menos por dos años”. Este y otras denuncias fueron recogidos por un panel de jurados internacionales en la audiencia temática Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizó del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de México.

ctivo en el cine desde inicios de los años 90, el realizador David Fincher ha sabido encontrar un punto de equilibrio entre las demandas del cine comercial, su cada vez más pulido dominio técnico y un punto de vista pesimista sobre la sociedad y la condición humana. Todas esas instancias se conjugan hábilmente en Perdida, su décimo largometraje.