Los mejores se nos van

hora/ ahora sí que voy a llorar sobre esta gran roca sentado/ la cabeza en la bruma y los pies en el agua/ y el cigarrillo apagado entre los dedos

onocí a Gabriel García Márquez hace 42 años, una noche de tormenta, en el barrio de Bocagrande, en Cartagena. Me lo presentó Gonzalo Mallarino, su compañero de Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, y ya su admirador irrestricto. Las palmeras casi tocaban el suelo por las fuerzas del viento y los cocos verdes se estrellaban en el pavimento con su ruido sordo, ya faulkneriano.

a historia se remonta a 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuyo marco Salinas de Gortari promovió una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, avalada por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de aquel entonces. Los cambios a la ley eléctrica, particularmente a su artículo 3, permitieron la inversión de capital privado en la generación, pese a violentar la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, hecho añicos en diciembre de 2013.

ifícil de comprender el retroceso en la resolución del pasado 12 de abril de la 47 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU. A 20 años de la conferencia de 1994, en que se mostró que no tiene por qué haber conflicto entre las demandas de desarrollo y los derechos humanos, Nafis Sadik abrió la sesión afirmando: no es lo mismo considerar a la población como objeto que reconocer que está conformada por individuos autónomos y tomadores de decisiones. Aunque el crecimiento poblacional ha descendido, la población continúa creciendo: para 2030 se agregarán otros mil millones. Alimentar a 8 mil millones de personas requiere incrementar la producción de alimentos en 50 por ciento, 45 por ciento más de energía y 30 por ciento más de agua potable, y se desconoce cómo enfrentar los efectos del cambio climático. El crecimiento poblacional depende de decisiones individuales y libres; cuando las mujeres eligen el número de sus hijos las familias pueden invertir más en cada hijo, y cuando se invierte más en las hijas se logran mejores niveles de educación y salud para las nuevas generaciones. Estas tendencias multiplican los efectos en las comunidades y en las naciones, porque contribuyen al desarrollo económico, al combate a la pobreza y, en gran escala, a la adaptación del cambio climático. Actualmente mil 400 millones viven en extrema pobreza, con menos de un dólar y medio al día. La distancia entre ricos y pobres es abismal: los 10 países más pobres manejan la misma masa económica que el hombre más rico del mundo. El mayor crecimiento de la pobreza y de la población se encuentra en los países de África y al sur de Asia. Pero en todo el orbe persisten desigualdades entre mundo urbano y rural, hombres y mujeres, poderosos y excluidos. Las desigualdades de género afectan la vida de las mujeres en la casa y en el empleo, en la vida privada y pública. La salud sexual y reproductiva es un factor vinculado a la pobreza. La mayoría de las mujeres pobres tienen poca escolaridad y no tienen acceso a los anticonceptivos ni a la atención apropiada de sus partos. Más de la mitad de las niñas de países con bajo desarrollo ya están casadas y sufren graves consecuencias por maternidad temprana: trabajo duro, débil salud y corta vida. Ellas no tienen la opción de elegir, los partos amenazan su vida y salud, cada año mueren 47 mil mujeres por abortos inseguros y millones acarrean consecuencias por embarazos inoportunos. Muchos países pobres tienen leyes restrictivas y, aun donde el aborto es legal, el acceso se complica. No se entiende por qué sigue siendo un asunto tan sensible, cuando se trata de una práctica necesaria e inevitable, porque la anticoncepción no es universal ni es perfecta y los seres humanos son falibles. El incremento de las violaciones aumenta la necesidad del aborto. La educación sexual y la salud reproductiva son deficientes: ni siquiera las mujeres casadas están protegidas de embarazos no deseados. No hay peor amenaza a los derechos humanos que reproducir el actual patrón desigual de desarrollo, la explotación irracional de recursos y el desbalance entre población y cambio climático.