a historia se remonta a 1992 y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuyo marco Salinas de Gortari promovió una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, avalada por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de aquel entonces. Los cambios a la ley eléctrica, particularmente a su artículo 3, permitieron la inversión de capital privado en la generación, pese a violentar la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, hecho añicos en diciembre de 2013.

Con aquella reforma privatizadora y mediante la figura de productor independiente de energía, el capital privado creció vertiginosamente; más aún cuando con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005, el petróleo y la electricidad fueron ubicados dentro del llamado perímetro de seguridad de Estados Unidos, como parte de su infraestructura crítica.

Veintiún años después el nefasto saldo de la privatización eléctrica es el siguiente: 1) Al 31 de diciembre de 2013, conforme a datos de la Comisión Reguladora de Energía, existen 726 permisos privados vigentes (461 en autoabastecimiento, 93 en cogeneración, 40 en importación, 60 en pequeña producción, 29 en producción independiente, siete en exportación y 36 en usos propios). 2) Con una inversión de 43 mil 189.1 millones de dólares, en lo fundamental a través de permisos de productor independiente de energía y autoabastecimiento, el capital privado es propietario de 33 mil 933.6 megavatios, equivalentes a 59.5 por ciento de la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 3) Con una generación total autorizada de 206 mil 334.9 gigavatios el capital privado controla 78 por ciento de la generación total destinada al servicio público en México. 4) Existe ya una clara tendencia de concentración monopólica del mercado eléctrico nacional por la vía de los productores independientes de energía, quienes mediante 29 permisos son dueños de 25 por ciento de la capacidad de generación nacional y 31 por ciento de la generación total. 5) Este control avanza rápidamente hacia un oligopolio privado, basado en plantas de generación de ciclo combinado movidas por gas natural, cuyo precio internacional está indexado a la energía eléctrica vendida a la CFE. 6) Mediante contratos de compraventa de energía eléctrica a CFE, el capital privado tiene aseguradas ganancias para los próximos 25 años por un monto de 1.6 billones de pesos.

En la otra cara de la moneda privatizadora, las consecuencias las ha pagado la nación y el pueblo de México: A) Tenemos las tarifas eléctricas más caras del mundo, conforme lo registra la Agencia Internacional de Energía en su revista especializada Energy Prices and Taxes. B) La tarifa eléctrica doméstica en México es 79 por ciento más cara respecto de Canadá y 23 por ciento más cara en relación con Estados Unidos. La tarifa industrial en México es 180 por ciento más cara comparada con Canadá y 156 por ciento más cara respecto de Estados Unidos. C) De diciembre de 2001 a marzo de 2014, la tarifa doméstica en la región central del país se incrementó 135.5 por ciento, afectando el bolsillo de más de 33 millones de hogares mexicanos, mientras el salario mínimo sólo se incrementó 59.5 por ciento y la inflación creció 74 por ciento. D) Como parte del proyecto privatizador extinguieron a Luz y Fuerza del Centro y colocaron a CFE en quiebra técnica con pérdidas crecientes en sus resultados de explotación por un monto de 137 mil 112 millones de pesos en los últimos 12 años, como resultado de los elevados precios de compra de energía a las empresas eléctricas privadas. E) El servicio público de energía eléctrica además de caro es muy deficiente, como lo califica el Global Report Competitiviness, ubicando a México en el número 81 de una lista de 148 países en cuanto a la calidad del servicio eléctrico, medido en fallas e interrupciones en el servicio eléctrico.

Lo conocido de las iniciativas privatizadoras en materia eléctrica confirma y agrava lo aprobado ya en la contrarreforma constitucional. Una CFE para los pobres, de la mayoría de los mexicanos, y una CFE para las trasnacionales, quienes en pocos años impondrán un modelo de oligopolio privado. Pese a la demagogia oficial el precio de las tarifas eléctricas seguirá al alza, en virtud de una planta de generación dominada por el capital privado y basada en plantas de ciclo combinado movidas por gas natural. Lo peor es una soberanía energética sometida a los designios del perímetro de seguridad de la ASPAN, cancelando con ello cualquier proyecto de desarrollo independiente.

El plazo está por vencer. Sin embargo, a los vendepatrias el engrudo privatizador se les está haciendo bolas y sus desacuerdos y corruptelas compartidas, como en Oceanografía, parecen empujar hacia un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Paradójicamente, lo negado al SME cuando todavía existía la exclusividad nacional en la prestación del servicio público de energía eléctrica hoy resulta inevitable bajo condiciones privatizadoras: recuperar sus trabajos. Cuenta con mano de obra calificada y un registro sindical conquistado en 1933, el cual lo reconoce como sindicato nacional de industria. En la hora de las definiciones el SME honrará, como lo ha hecho, su pasado nacionalista y patriótico y continuará luchando por la renacionalización de la industria eléctrica.