n California existe el mayor yacimiento de gas shale en territorio estadunidense, y en Texas, uno no muy menor.
A Jerry Brown, el gobernador californiano, lo presionan para que impulse la explotación intensiva de ese energético y le ponen de ejemplo a Texas. Los argumentos: a los habitantes de California les sale más caro el combustible que a los de Texas, y en este estado el empleo y la economía han registrado un crecimiento como no parece que ocurra en el de la costa oeste.
Brown ha respondido que a su administración le interesa el crecimiento económico, pero no a costa de la salud y el futuro de la población. El demócrata Brown no puede desestimar la rapiña y el desprecio hacia la humanidad de las empresas energéticas. Comparte con sus conciudadanos la memoria sobre la crisis de energía en que sumieron al estado en 2000-2001. Entre esas empresas estaban las gigantes Enron y Halliburton. Gracias a las políticas neoliberales que desregularizaron la generación y distribución de energía eléctrica, la tornaron cara y especularon con ella tal como se perfila en México. Ya hacia la quiebra, simplemente bajaron el switch.
A empresas de ese tipo el gobierno mexicano les ofreces el oro y el moro para que ciertos costos les salgan gratis.
Contra lo que el régimen pretende disminuir o simular, hay que tener presente la irresponsabilidad y connivencia del de Estados Unidos y Enron y Halliburton. Enron, de la cual era presidente el delincuente Kenneth Lay ( Kenny boy, lo llamaban sus amigos los Bush), llevó a miles de pequeños ahorradores a la ruina; Halliburton (opera en 70 países) ha sido acusada de participar en decenas de contratos al margen de reglas de licitación, por los cuales ha captado cientos de millones de dólares y es uno de los mayores proveedores de Pemex; presidida en un tiempo por Dick Cheney, político-empresario que haría ver al protagonista de House of cards como una miniatura, también es amigo de los Bush y fue, por lo mismo, vicepresidente de Estados Unidos con George W. Los presidentes mexicanos han omitido, y omite el actual, lo que representa esta megaempresa: difundidas han sido su influencia en la reforma energética que nos amenaza y sus inversiones dadivosas en las elecciones presidenciales de México (¿nada nos dicen los más de 4 mil 500 millones de pesos que fueron gastados por el PRI en la campaña de Enrique Peña Nieto, 15 veces lo permitido por ley?).
A principios de abril tuvo lugar en Monterrey la 28 Conferencia Legislativa Fronteriza. Allí se escuchó la voz del senador demócrata de Texas José Rodríguez, señalando los daños provocados por el uso del fracking en su estado, sobre todo en carreteras y caminos: los destruyen miles de pipas de agua para abastecer los pozos que se hacen. Su reparación en 14 condados ha significado un duro golpe para el erario y la población. Las empresas involucradas han ahorrado millones de dólares. Advirtió a los mexicanos que correremos la misma suerte, en caso de no expedir leyes que regulen la intervención de empresas similares en la extracción del gas shale.
Fue vergonzoso que un senador texano haya mencionado lo que callan –o niegan– las autoridades de Nuevo León, los especialistas de la universidad pública y de otras instituciones de enseñanza superior, salvo El Colegio de la Frontera Norte, que organizó un seminario sobre el tema, y la mayoría de los medios de comunicación. Una excepción: El Horizonte publicó un editorial en el que se afirma: “Sin duda lo que sucede en el estado de Texas puede servir de aprendizaje... Miles de activistas texanos llevan un par de años pidiendo la eliminación del fracking, por considerar que ha sido un factor determinante de una sucesión de temblores que, de la nada, han proliferado en distintas regiones”. Lo mismo hizo la Asociación Mexicana contra el Fracking, que convocó a una reunión en Monterrey hace unos días. Un mes atrás el Comité Pro Bienestar y otras organizaciones ambientalistas y civiles se presentaron en el Congreso del estado para exigir una legislación que proteja la vida de la comunidad y la de sus recursos naturales contra la explotación irracional de éstos.
En Nuevo León han venido ocurriendo frecuentes temblores. En algunos documentos de la UANL se los asocia, entre otras causas, a la enorme topera en que ha sido convertida la cuenca de Burgos (sin beneficio para sus moradores) y a las perforaciones mediante el fracking. Quizá, como dice uno de esos documentos, la formación geológica de Nuevo León puede amortiguar las ondas producidas por los sismos. Que así sea; pero también hay la probabilidad de que la naturaleza alterada, como ahora ocurre en diferentes regiones de Estados Unidos, señaladamente en Dakota del Norte, pudiera desencadenar tragedias infernales.
Como una agravante de todo ello está lo que el senador texano prevé: el proyecto denominado Monterrey VI se planea que tenga un costo de 17 mil millones de pesos. Lo pagarían los contribuyentes. Serviría, como afirmó y luego negó el gobierno del estado, para proveer a la extracción del gas shale del agua acarreada del río Pánuco. La oposición a ese proyecto no es menor, como se lee en el reportaje de nuestra compañera Sanjuana Martínez ( La Jornada, 13/4/14).
Hay que decirlo: los negociantes de energos no vienen sólo a expoliarnos, sino a mandarnos y a lograr su objetivo sobre nuestros propios cadáveres si es preciso. La película Petróleo sangriento es un involuntario mal augurio de lo que nos espera.
