Se inscribieron en el Senado 160 aspirantes a ocupar los siete cargos de comisionados en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), y el paso siguiente es que la Junta de Coordinación Política de esa cámara del Congreso entregue a la mesa directiva, a más tardar el próximo día 25, el listado de candidatos que reúnan los requisitos de elegibilidad, para que los turne a las comisiones dictaminadoras.

El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató en Villahermosa, Tabasco, a dos hondureñas embarazadas que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad en inmediaciones del ferrocarril. Por medio del Grupo Beta fueron trasladadas de emergencia a un hospital, debido a que una de ellas se encontraba en trabajo de parto. La mujer tuvo un bebé sano; debido a que el niño es mexicano, el INM procederá a la regularización de la madre, a fin de que puedan quedarse en territorio nacional, como marca la Constitución. Lo mismo hará con la otra mujer, menor de edad, quien está en su última etapa de embarazo.

Saltillo, Coah., 21 de marzo.

Los abusos cometidos contra diversos sectores vulnerables en México, entre ellos periodistas e indocumentados, tienen todos los elementos para considerarse crímenes de lesa humanidad y, por tanto, ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), señalaron los abogados Gabriel Soto y Nancy López durante el segundo y último día de actividades del foro México y la Corte Penal Internacional, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; dijeron que las víctimas de diversas agresiones cometidas en el país pueden recurrir a este esquema y no sólo al Sistema Interamericano de Justicia. Soto, quien es coordinador de relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, explicó durante su ponencia que de acuerdo con el Estatuto de Roma –instrumento constitutivo de la CPI–, un crimen de lesa humanidad puede considerarse como tal cuando reúne ciertas características, entre ellas que se trate de agresiones generalizadas y sistemáticas contra la población civil, en las cuales el atacante sabe la identidad de sus víctimas y desea matarlas de forma consciente.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un mitin frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir la libertad de los profesores Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva, y de los activistas sociales Damián Gallardo y Sara Altamirano Ramos, detenidos en mayo de 2013 acusados de secuestro. Los maestros se trasladaron en operación hormiga desde su campamento en el Monumento a la Revolución a la sede de la CNDH, para demandar la libertad de todos los presos políticos.