A dos semanas de que se acordó su integración en el Senado, no se ha echado a andar la Comisión de Seguimiento al caso Oceanografía, y las versiones son cada vez más insistentes de que hay un acuerdo entre PRI y PAN para que quede sin efecto, a fin de garantizar el voto de los panistas para aprobar las leyes secundarias en materias energética y de telecomunicaciones.

El priísta David Penchyna, quien en principio se asumió como presidente de esa comisión, un día antes sostuvo que es algo que todavía no se ha decidido, porque ni siquiera hay la determinación de cada grupo parlamentario de nombrar a sus integrantes.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, reveló ayer que en la sesión del próximo martes exigirá ante el pleno que comience a operar esa comisión, ya que esa cámara no puede dar un paso adelante y luego retroceder. Han comenzado a correr los rumores y las ironías de algunos senadores que no están seguros si van a encabezar el organismo, lo que implica que a lo mejor no va a existir.

–¿Habrá cedido el PRI dar impunidad a los ex presidentes Fox y Calderón, a cambio de que los panistas voten las leyes secundarias?

–Evidentemente hay un reacomodo en la relación del PRI y el PAN en el Senado. Está a la vista de todos. Esas cosas se ven en los pasillos, hasta en los saludos –respondió.

Sobre el tema, la vicecoordinadora perredista, Dolores Padierna, advirtió que, al parecer la presión de los calderonistas surtió efecto y ya no quieren hablar del tema, lo que es muy grave, ya que no puede quedar impune la corrupción y el saqueo de recursos de Pemex, que se dio por medio de la empresa ­Oceanografía.

Hizo notar que Pemex otorgó por lo menos 112 contratos de forma irregular a Oceanografía –por 110 mil millones de pesos– durante los dos sexenios gobernados por el PAN, beneficiar a funcionarios, familiares y amigos de Fox y Calderón.

La senadora Padierna hizo notar que la gran corrupción en Oceanografía ha sido ampliamente documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hubo asignaciones directas, ampliaciones de contratos sobre costos, tráfico de influencias, obras inexistentes, contratos leoninos para desviar recursos de Pemex y dar entrada a los negocios privados.

Los fraudes en Oceanografía, recalcó, no se hubieran podido cometer sin la complicidad de altos funcionarios de los gobiernos panistas. Mencionó que uno de los despachos que usó Oceanografía para litigar contratos contra Pemex fue el de Antonio Lozano Gracia, socio de Diego Fernández de Cevallos.

En 2006, detalló, se lanzó la licitación para instalar un oleoducto y un gasoducto en el yacimiento Cumaló Sata y, aunque Oceanografía se inscribió y su propuesta fue desechada por no cubrir los requisitos técnicos –según detalla la ASF–, el despacho de Lozano Gracia litigó y logró la tercera parte del contrato para la naviera. Hubo otras demandas que también ganó Oceanografía, pero era sólo para darle formalidad al atraco de recursos.

Expuso que por ello solicitó que se cite a comparecer al director de Pemex, Emilio Lozoya, y otros funcionarios, entre ellos el representante jurídico de la paraestatal, Marco Antonio de la Peña, quien está en ese cargo desde la administración de Vicente Fox, a fin de que den una explicación puntual de los contratos asignados a Oceanografía.

Señaló que los funcionarios debieran comparecer ante la Comisión Especial para el caso Oceanografía, que debe concretarse ya.

Barbosa recalcó, en entrevista aparte, que tal parece que esa comisión está en medio de intereses que tienen que ver con la reforma energética. Señaló que el PRD es el único grupo que nombró de inmediato a los senadores que integrarán ese organismo y el martes presentará el exhorto para que comience a operar.

Si PRI y PAN deciden que no opere, que lo asuman públicamente, ya que se impondrá un acuerdo político que da impunidad a quienes participaron en el fraude a Pemex, a cambio de los votos para las leyes energéticas, concluyó.