a expropiación y nacionalización de la industria petrolera en marzo de 1938 constituyó una victoria de los trabajadores y el pueblo mexicanos. La batalla por la recuperación del petróleo en posesión de monopolios ingleses y estadunidenses se intensificó con el auge organizativo y unitario de la clase obrera. Habían surgido en fechas recientes los sindicatos nacionales de ferrocarrileros y mineros, así como de petroleros en 1935, que luego confluirían con la mayoría de las organizaciones sindicales en la conformación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936. El proceso de unificación y renovación de las luchas de trabajadores y campesinos constituyó la palanca decisiva para las transformaciones sociales del periodo cardenista, especialmente en relación con la expropiación petrolera.

El añejo conflicto entre las compañías y los trabajadores petroleros entró en una nueva fase en 1936 al demandar el sindicato la firma de un contrato laboral único con las empresas subsidiarias de los consocios extranjeros que monopolizaban la propiedad y producción petrolera en territorio mexicano, entre otros, Royal Dutch Schell y Standard Oil Company. Aduciendo imposibilidad económica, las empresas rechazaron el contrato y las exigencias de incremento salarial, mejoramiento de servicios médicos, alojamiento en los campos petroleros y otras prestaciones que en su conjunto representaban 26 millones de pesos. Ante la negativa, el sindicato emplazó a huelga general con el respaldo de los contingentes obreros de la CTM. Sin embargo, a petición del presidente Cárdenas su estallido se postergó para intentar un acuerdo entre sindicato y empresas.

Pese a la intervención presidencial y el plazo fijado para solucionar el conflicto, los representantes de las compañías mantuvieron su postura inicial, utilizando toda clase de subterfugios, evasivas y la presión de sus gobiernos. Así, en mayo 1937 estalló la huelga, al tiempo que el sindicato y la dirigencia de la CTM diseñaron una nueva estrategia para derrotar las acciones de las compañías: entablaron un conflicto de orden económico ante los tribunales del trabajo para investigar bienes, recursos, operaciones y estados financieros de las empresas. Por resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se integró una comisión de peritos, cuyos resultados demostraron que las empresas estaban perfectamente capacitadas para acceder a las demandas del sindicato, puesto que sus utilidades eran cuantiosas y muy superiores a las obtenidas en sus países, a los que exportaban la mayor parte de la producción, en tanto que el petróleo destinado para el mercado nacional se comercializaba a precios más elevados. Igualmente se demostró que los salarios y prestaciones eran inferiores a los existentes en otras ramas industriales.

Sustentado en el dictamen, las autoridades laborales emitieron un laudo favorable a las demandas de los trabajadores (diciembre 1937), el cual fue objetado por los consorcios y calificado como injusto y extremista. Recurrieron al amparo de la Suprema Corte de Justicia y simultáneamente sacaron fondos bancarios, amenazaron con retirarse del país y promovieron la intervención directa de sus gobiernos. Para entonces, el conflicto de los trabajadores petroleros había trascendido de lo laboral a la dimensión de una lucha nacional y popular por la recuperación del patrimonio del país, los derechos de los mexicanos, la soberanía e independencia nacional es impulsada y dirigida centralmente por los trabajadores y sus organizaciones. El primero de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia ratificó el laudo laboral, que significó la derrota definitiva de la impugnación judicial de las compañías, sin embargo, determinaron no acatar el fallo y se embarcaron en abierto desafío ante las leyes y la nación mexicana. A mediados de marzo, las compañías fueron declaradas en rebeldía y los trabajadores dieron por terminada su relación laboral y suspendieron el trabajo en todos los campos petroleros.

En este conflictivo entorno social y político se produjo uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la nación mexicana. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto de expropiación de las compañías petroleras y la consecuente nacionalización del petróleo. Mientras el general dirigía un mensaje al pueblo de México, los pozos y las instalaciones de las empresas extranjeras eran recuperadas por los trabajadores petroleros. Fueron los tiempos cuando el petróleo fue nuestro y sinónimo de soberanía.

Más adelante vendrían los tiempos de contrarrevolución y los gobiernos neoliberales sometidos al capital imperial. Las empresas nacionalizadas fueron sistemáticamente minadas mediante el saqueo e inducidas hacia su deterioro productivo, preámbulo para su apertura al capital privado y cesión al capital trasnacional o su extinción. La mayoría de los sindicatos fueron asaltados y sumidos en la corrupción. De este modo pudo culminarse ahora la desnacionalización del petróleo. Recuperarlo otra vez, como en 1938, seguramente es una tarea del presente y del futuro.