Madrid, 7 de febrero.

La hija menor de los reyes de España, la infanta Cristina, comparecerá hoy como imputada ante un tribunal de Palma de Mallorca, en el marco de la investigación de la trama presuntamente ideada y ejecutada por su marido, Iñaki Urdangarin, para desviar fondos públicos, blanquear capitales, falsi- ficar documentos y evadir al fisco. Cristina de Borbón –la séptima en la línea de sucesión de la corona española– es la primera integrante de una monarquía europea en responder ante un tribunal por delitos tan graves.

Cristina de Borbón y Grecia, de 49 años y madre de tres niños, se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad española por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial en la que se calcula se evadieron fondos públicos por más de 15 millones de euros (270 millones de pesos).

Hoy, en la capital de las Islas Baleares, entrará al juzgado de José Castro –el instructor del caso–, se sentará en el banquillo de los acusados y responderá a las cientos de preguntas que plantearán el fiscal y las acusaciones particulares, que son el llamado Frente Cívico y el sindicato Manos Limpias, que luchan contra la corrupción. Se prevé que la comparecencia se prolongue más de ocho horas, debido a numerosas interrogantes sobre el verdadero papel que jugó la infanta en esta compleja trama criminal.

La infanta Cristina comparecerá ante le juez Castro a pesar de la oposición frontal de la Fiscalía, que actúa bajo la influencia del gobierno del conservador Mariano Rajoy. El testimonio tiene numerosos elementos poco habituales en el funcionamiento del juzgado: la hija de los reyes llegará hasta la puerta del tribunal en coche y no a pie como hacen el resto de los comparecientes, que tienen que caminar unos 200 metros al ser zona peatonal; habrá un hermético dispositivo de seguridad por tierra, mar y aire, cuyo costo se calcula en más de 200 mil euros; no se grabará ni la voz ni la imagen de la comparecencia, como sí ocurre en el resto de los casos; no habrá nadie más en la sala que no sea el juez, la compareciente, sus abogados, el fiscal y los abogados de la acusación particular; se prohibirá terminantemente que al interior de la sala haya teléfonos, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Sólo se hará un registro sonora de la comparecencia, que se guardará en una caja fuerte y se hará un escrito público, del cual se entregarán copias tanto a la Fiscalía como a las partes.

El caso que ha traído a la infanta Cristina ante un tribunal es el llamado caso Nóos, que lleva su nombre en referencia a la red de asociaciones y empresas que crearon Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, para conseguir contratos públicos de las administraciones y que llamaron Instituto Nóos, además de otra sociedad llamada Aizoon.

En ambos casos la Infanta es propietaria al 50 por ciento de las empresas y, por tanto, firmó la mayoría de las ejecuciones legales que acometieron durante su existencia.