e acuerdo con datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en el país ascendió a 4.48 por ciento en enero, con relación al mismo mes del año pasado.
Aunque el Banco de México señaló que dicho repunte inflacionario es de carácter temporal y que se irá moderando conforme avance el año, un hecho significativo es que los economistas consultados por ese organismo en un sondeo mensual ubicaron en 4.09 por ciento la expectativa de inflación para este año, lo que rebasaría, en caso de concretarse, el límite máximo fijado por el propio banco central, de 4 por ciento.
Más allá de los tecnicismos macroeconómicos, los datos mencionados resultan preocupantes, en la medida en que dan cuenta de un agravamiento de la angustiosa situación material en que se encuentran millones de mexicanos, quienes desde hace más de dos décadas han venido sufriendo, como consecuencia de la política económica vigente, la persistente caída en su poder adquisitivo, el tránsito al sector informal, el desempleo abierto, el deterioro de condiciones laborales, sanitarias, educativas, habitacionales, culturales y recreativas, la sistemática reducción de su nivel de vida y el incremento de la pobreza.
En esa medida, el repunte inflacionario, así sea pasajero como pretende el BdeM, constituye un agravio adicional para las mayorías del país y un riesgo persistente y real para la economía nacional que contradice, para colmo, uno de los propósitos centrales en el discurso que sustenta el actual modelo neoliberal: promover la estabilidad antinflacionaria. Igualmente contradictoria con respecto a ese propósito es la persistencia de un discurso oficial que busca presentar la inflación como un fenómeno incontrolable y hasta normal, al cual las sociedades deben adecuarse: en efecto, el repunte de los precios que hoy se presenta es impulsado por algunos factores coyunturales e incluso exógenos, pero tampoco puede ignorarse que los gobiernos federales del último tramo se han erigido en promotores de la inflación –como la legitimación de alzas en productos básicos y la aplicación de incrementos regulares en los combustibles–, y que el actual ha agudizado ese papel mediante el impulso a una reforma fiscal que genera incrementos generalizados y con claros componentes recesivos.
El grupo gobernante ha estado empeñado, desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta ahora, en la creación de condiciones favorables para los grandes capitales nacionales y extranjeros, así como en el rescate de corporaciones ineficientes y corruptas, pero no en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ello explica en buena medida que mientras la compañía Moody’s eleva la calificación crediticia de nuestro país –lo cual ha sido recibido con desbordado optimismo por el gobierno–, la confianza del consumidor en la economía nacional se desploma en más de 15 por ciento. Es necesario, en suma, que las autoridades centren sus esfuerzos en la adopción de medidas que signifiquen un rescate de la población y, especialmente, de sus sectores más depauperados.
