Más de la mitad (57 por ciento) de los altos directivos de empresas establecidas en el país consideran que México no ha salido de la crisis financiera, sostiene una encuesta de la consultora internacional KPMG. De acuerdo con la séptima edición de la encuesta de perspectivas de la alta dirección en México 2012, el 63 por ciento de los directivos prevé que pasarán dos años para que el país pueda recuperarse de esta crisis. La firma, que ofrece servicios de asesoría en auditorías e impuestos, informó que 39 por ciento de los encuestados dijeron que uno de los principales efectos de mayor impacto de la crisis financiera fue el incremento en los índices de inseguridad. En la edición número siete de la encuesta participaron cerca de 400 dirigentes de las principales industrias y regiones que operan en el país, entre los que se encuentran directores generales y miembros de comités y consejos de administración, directores, subdirectores y gerentes. En la evaluación sobre la economía mexicana, 60 por ciento de los directivos encuestados consideran que el país no caerá en una nueva recesión o crisis financiera, y 71 por ciento esperan crecimiento de un dígito en sus empresas para 2012. Los tres principales efectos de mayor impacto de la crisis financiera para los ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas fueron: baja de ingresos (52 por ciento), aumento de costos (48) y mayor inseguridad (39). Las principales acciones que han tomado o tomarán las organizaciones a corto plazo para contrarrestar los efectos de la crisis, son reducir costos (89 por ciento), fortalecer las estrategias de control interno (79) y restructuras financieras y operativas (73 por ciento).

Después de tres semanas de prevenciones y advertencias por problemas técnicos en la elaboración de la demanda mercantil que interpuso Telefónica contra Telcel, la juez primera de distrito en materia civil Irma Rodríguez Franco admitió a trámite este martes la petición de iniciar un juicio por una controversia cercana a 800 millones de pesos, derivada de una inconformidad por las tarifas de interconexión, informaron fuentes judiciales. Esta diferencia que llegó a los tribunales derivó tras los 0.39 centavos que fijó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el acuerdo que había entre los operadores. Registros del Poder Judicial Federal (PJF) consultados ayer por La Jornada refieren que durante 2011 los juzgados y tribunales federales recibieron al menos 14 demandas similares a la anterior, de las cuales nueve llegaron a juicios mercantiles que actualmente se desahogan en diversos órganos jurisdiccionales del país. De esas demandas, sólo tres han concluido en primera instancia judicial y actualmente se desahogan en revisión ante los tribunales unitarios de circuito. En diciembre de 2010, Teléfonos de México (Telmex), Telcel y Telefónica acordaron una tarifa de interconexión de 95 centavos, pero la Cofetel la disminuyó a 39 centavos en los casos donde no había acuerdo, decisión que no todas las empresas han aceptado. Se alega que Telcel sólo pagó 39 centavos por ese concepto, mientras la empresa demandante sí cumplió con la tarifa de 95 centavos.

Dos funcionarios del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y dos empresarios que dirigen sendas organizaciones fueron sancionados por incurrir en una práctica monopólica absoluta en la producción, distribución y comercialización de tortilla en esa ciudad. Una resolución emitida por el pleno de la Comisión Federal de Competencia indica que las organizaciones Somos Chiapas y el Consejo Estatal de la Industria de la Masa y la Tortilla de Chiapas (CEIMT) celebraron un convenio para dividir en cuatro sectores la capital de Chiapas para distribuir tortillas mediante entregas a domicilio, con lo cual impidieron el proceso de competencia y libre concurrencia entre 2006 y 2011. Los dos funcionarios locales fueron hallados responsables de coadyuvar en la comisión de la práctica anticompetitiva al aprobar la sectorización del municipio, señala la resolución. Cada una de las dos organizaciones fue multada con 400 mil pesos. Los empresarios José Ramón Salazar Ballinas y Mario Alberto Coutiño Fonseca, dirigentes de Somos Chiapas y el CEIMT, de manera respectiva, fueron sancionados con 30 mil pesos cada uno. Mientras el presidente del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, y el director de Fomento Económico, Alfredo Machorro Fernández, recibieron sanción económica, también, de 30 mil pesos cada uno.