El área se considera una zona de alta biodiversidad marcada por el gran endemismo que presenta. Las comunidades que la habitan y que pertenecen a tres diferentes etnias (machiguengas, ashánkinkas y yines) ante la falta de reportes veraces sobre el estado actual de los recursos, después de la instalación de la gasera cinco años atrás, comenzaron a realizar un proceso de diálogo y discusión interno para tratar el tema de las amenazas que se presentaban en su entorno.

Los estudios de monitoreo realizados por la empresa para constatar los posibles daños causados por la apertura del derecho de vía para el paso del gasoducto, se realizaron bajo una metodología desconocida para los habitantes del lugar y los resultados no coincidían con su realidad.

Toda esta reflexión sobre su problemática ambiental llevó a las comunidades a proponer y comprometerse a desarrollar una iniciativa propia de monitoreo de la biodiversidad de la región. Así, se constituye el Comité de Comunidades para la Gestión de Proyectos de la Biodiversidad, cuya tarea era aportar evidencias de los impactos que los estaban afectando, lo que dio paso a un proceso de negociaciones políticas ambientalmente adecuadas para la explotación petrolera y otros recursos que les interesan.

Al inicio del proyecto, las comunidades indígenas del Urubamba enfrentaban un panorama de frustración al ver atropellado su derecho a formas de consulta adecuadas sobre las actividades de la empresa gasera, que había ya empezado las operaciones para instalar la planta de gas y el tubo transportador, mediante la celebración de contratos desventajosos con cada una de ellas.

Pero ninguna había tenido el tiempo suficiente para pensar qué monto debía ser el más justo para compensar el daño que se estaba haciendo a sus recursos, su despensa de alimento y de vida para el futuro.

Bajo este panorama, entró el proyecto Comunidades y Biodiversidad, el cual dio paso a la formación del comité, para ofrecer una nueva propuesta de la posibilidad de manejo de la biodiversidad a través de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Su ejecución fue financiada por la Fundación MacArthur y promovida por Oxfam América. Inicialmente se efectuaron talleres y reuniones, no solamente para generar conciencia sobre cómo juzgar procedimientos no adecuados de algunas instituciones externas para referir al estado ambiental, sino también para analizar las amenazas que les impactan y pensar en soluciones viables desde su propia perspectiva, intereses y expectativas de un cambio hacia situaciones más favorables.

También se realizaron visitas comunidad por comunidad para brindar mayor información sobre los propósitos del proyecto, los resultados que se esperaban obtener y los beneficios que recibirían los pobladores. De esta manera fue que se integraron las siete comunidades, quienes encontraron en estos espacios formas de plantear sus objetivos, intereses y expectativas en relación al proyecto.

Poco a poco, los representantes de las comunidades ampliaron sus conocimientos sobre métodos de monitoreo y evaluación ambiental y, de esta manera, pudieron encontrar formas de conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos.

Toda la información derivada a partir de estos encuentros fue también adaptada a sus propias prácticas de uso, de tal forma que permitieron que fuera entendible y clara para las familias indígenas involucradas en este proceso.

De la misma manera, el Comité de Comunidades estaba consciente de que la iniciativa de monitoreo propio contribuiría a contar con un claro y preciso sustento para sus demandas contra la empresa de gas, no sólo para exigir una justa y real compensación económica sino para reclamar la existencia de adecuadas regulaciones ambientales que permitieran corregir procedimientos inadecuados y, a la vez, prevenir posibles impactos negativos y de riesgo para la vida de las poblaciones.

Los líderes de las comunidades se vincularon con el exterior y conformaron un grupo motivador para promover nuevas alianzas con otras comunidades y generar así un movimiento capaz de tomar decisiones a partir de la reflexión conjunta sobre problemas comunes y el planteamiento de propuestas o soluciones propias.

Esta interrelación permitió la inserción, aun con todo y sus diferencias, a otros estilos de desarrollo como cualquier otro ciudadano con derechos de participación en la definición de políticas de desarrollo del país.

Como resultado se han realizado varios planes de manejo. El plan de manejo comunal de fauna ha priorizado las áreas del territorio que pueden ser utilizadas con fines de recuperación del recurso para alimento (restricción de zonas y prácticas de caza, selección de zonas para mejoramiento de bosques para refugio de la fauna).

En cuanto a la flora, se contempla una plan de manejo donde se priorizan las especies por el uso de subsistencia y las expectativas de beneficio económico; además, se establecieron áreas para el manejo de plantas medicinales, de áreas boscosas para la recuperación de especies valiosas para el consumo de la población y para el enriquecimiento con fines de explotación futura.

Actualmente, las evaluaciones de los recursos naturales realizadas con la participación de las comunidades y un grupo de científicos han permitido, por un lado, obtener resultados sobre el potencial de los recursos y, por otro, conocer el nivel de los daños de los impactos causados por las actividades propias de la empresa de gas, mismas que, por lo general, no van de acuerdo con los principios de la sustentabilidad.

Ante esto, las comunidades han tomado algunas decisiones que tienen que ver con el establecimiento de acciones para el manejo de sus recursos y con la organización para la defensa de los recursos que aún les quedan.

El liderazgo de proyectos como éste, reside en la capacidad de los protagonistas para elaborar propuestas y aprobar acciones que respondan a objetivos, intereses y expectativas de las poblaciones que representan.