La Cámara de Diputados aprobó y devolvió al Senado la reforma a la Ley de Amparo, con un modificado artículo tercero transitorio, que divide en dos momentos el efecto de los cambios: las etapas procesales ya concluidas se regirán bajo las disposiciones previas, pero las posteriores, con las reglas nuevas.

La redacción, que provocó una disputa verbal entre las bancadas desde que se conoció horas previas a su debate, fue presentada a las 1:45 horas del miércoles y derivó en un intercambio de posturas de dos horas desde la tribuna.

Morena explicó que, con los cambios a la Ley de Amparo, se pondrá un alto a los despachos “que defienden a empresarios o gente poderosa” para no pagar impuestos y el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, añadió que sólo este año, los amparos han impedido el pago de 100 mil millones de pesos.

Como se había anticipado, la bancada mayoritaria presentó una reserva para definir que al tratarse de una ley de procedimientos, “las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los trámites respectivos” y que “las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto… se regirán por las disposiciones de esta nueva legislación, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

En el enredo por la interpretación del fondo, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), resumió: “implica una distinción temporal. Lo hecho queda bajo la ley antigua; lo que se haga después, bajo la nueva”.

El diputado priísta Emilio Suárez Licona señaló que, bajo el argumento de que la Ley de Amparo es de naturaleza procesal, “se busca aplicar las nuevas disposiciones del decreto a actuaciones futuras dentro de procesos ya iniciados, y se alega que ello no implica retroactividad. Esta interpretación es, cuando menos, forzada y riesgosa”.

Monreal detalló que uno de los ejes de la reforma es impedir que los juicios de amparo se alarguen para no pagar impuestos. Hay, expuso, miles de expedientes acumulados, con un promedio de 16 años de antigüedad y el más remoto data de hace 22.