El Gobierno de la Ciudad de México prepara un censo de las personas desplazadas de colonias identificadas como de tensión inmobiliaria, quienes serán las primeras en recibir apoyos para regresar a las zonas de las que fueron expulsadas.

Lo anterior afirmó la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, y agregó que será la Secretaría de Vivienda la encargada de identificar a esas personas, y en 15 días definirá cómo se va a realizar dicho censo.

Por supuesto que vamos a hacer un censo de la gente que ha sido desplazada, y los primeros que van a recibir apoyo para regresar a las zonas de las que fueron expulsadas van a ser ellos, expuso la mandataria capitalina.

Como parte del bando 1 que promulgó la semana pasada, la administración local identificó una zona de presión inmobiliaria formada por 10 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo: Condesa, Hipódromo, Hipodrómo Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Juárez, Doctores, Buenos Aires, Escandón y San Miguel Chapultepec.

Ayer, Brugada Molina dio a conocer las fechas para aplicar las acciones que incluye el bando 1 contra la gentrificación, que empezarán este viernes con la presentación de un plan de simplificación administrativa en materia de vivienda, y luego, en 15 días, de una serie de propuestas para acceder al derecho a una vivienda digna en la llamada zona tensionada.

Foros de debate y consulta

También este fin de semana comenzarán una serie de foros de debate y consulta ciudadana que se extenderán hasta el 29 de agosto, con la participación de inquilinos, arrendatarios, comerciantes locales, colectivos culturales, desarrolladores inmobiliarios, urbanistas, especialistas y ciudadanos en general.

El propósito de dicho ejercicio es diseñar un plan maestro de desarrollo para las zonas afectadas por la gentrificación, el cual incorporará las propuestas recabadas en la consulta.

También, en agosto se prevé enviar al Congreso capitalino la iniciativa de ley de rentas justas y asequibles, que incluirá el índice de precios de renta razonables y la regulación de aplicaciones de hospedaje de estancias cortas, la cual se busca que sea aprobada en octubre.

Asimismo, se anunciará la creación de una defensoría inquilinaria como órgano público para garantizar los derechos de arrendadores e inquilinos.