La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) apeló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la negativa de un juzgado especializado de admitir su primera acción colectiva contra distribuidoras farmacéuticas, acusadas de colusión para inflar los precios de medicamentos, un juicio en el que impuso una multa por más de 2 mil 300 millones de pesos.

Con el recurso de apelación, el organismo autónomo –actualmente en proceso de extinción– busca que la Corte ordene una nueva resolución que le permita continuar con la demanda colectiva contra las empresas Casa Saba, Casa Marzam, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana.

En el litigio, la Cofece exige el pago de 2 mil 316 millones de pesos por daños al sistema de salud, debido a prácticas monopólicas.

Los recursos serían destinados al IMSS-Bienestar para fortalecer los servicios de salud de la población, ya que fue el sector salud el que sufrió el mayor perjuicio.

Según la comisión, dichas compañías se habrían puesto de acuerdo durante 10 años para suspender la distribución de medicamentos en determinadas fechas, restringir el suministro a farmacias y manipular los precios y descuentos ofrecidos, afectando así el acceso y el costo de los medicamentos.

Inconformes con esta determinación, las empresas impugnaron la decisión de la Cofece.

El 15 de noviembre de 2024, el juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones –con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país– resolvió que la demanda colectiva presentada por el órgano no cumplía con los requisitos legales para ser admitida y, por lo tanto, decidió no darle trámite.

El caso, promovido por la comisionada presidenta de la Cofece, Andrea Marván Saltiel, fue turnado por la presidencia de la Corte al ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la segunda sala del máximo tribunal del país.