sta semana se cumplieron 18 años desde que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, marcó un hito al aprobar la interrupción legal del embarazo (ILE) en las 12 primeras semanas de gestación y acompañar la ley de una estructura institucional que permitió a mujeres de todo el país practicarse este procedimiento de forma segura, científica, con acompañamiento sicológico y en un ambiente de pleno respeto a su intimidad y su autonomía. En este lapso, en la capital del país se han realizado 292 mil procedimientos de aborto seguro sin una sola muerte materna, un contraste dramático con lo que ocurría cuando el aborto estaba prohibido y era la cuarta causa de muerte materna.

El papel de la Ciudad de México en garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en materia reproductiva fue tan claramente pionero que debieron pasar 12 años hasta que una segunda entidad federativa, Oaxaca, adoptó una legislación similar, y hasta la fecha nueve estados siguen reacios a separar las creencias religiosas de los asuntos de salud pública. De manera lamentable, los gobiernos estatales controlados por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional respondieron a este avance aprobando leyes cavernarias que criminalizaban tanto a las mujeres que requieren estas intervenciones como a los profesionales sanitarios que se prestaran a efectuarlas; o bien, imponían tantas trabas al acceso a la ILE que en la práctica la volvían imposible.

Afortunadamente, en esta materia la Suprema Corte de Justicia de la Nación supo estar a la altura de sus deberes constitucionales y, gracias al impulso de organizaciones de defensa de derechos humanos, echó abajo las normas retrógradas. El 6 de septiembre de 2023, su primera sala otorgó un amparo en contra de cuatro artículos del Código Penal Federal (CPF) que mantenían sanciones de cárcel para las mujeres que recurren al aborto. Con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 330, 331, 332 y 333 del CPF, las instituciones de salud pública federales quedaron obligadas a proveer de manera gratuita las atenciones pertinentes para la interrupción voluntaria del embarazo. Una semana antes, el máximo tribunal invalidó las reformas efectuadas a la Constitución del estado de Aguascalientes que equiparaban el aborto a un homicidio. En 2022 ya se había pronunciado en el mismo sentido respecto al artículo 196 del Código Penal de Coahuila. Como explicó el entonces presidente de la Suprema Corte, aquello significó que a partir de ese momento no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados válidos por el tribunal constitucional.

No todo está hecho. Además de la necesidad de ampliar la capacitación de nuestro personal, mejorar la infraestructura de nuestras unidades, y dar acompañamiento integral, médico, sicológico y social a cada mujer que lo requiera reconocida por la secretaria de Salud del gobierno capitalino, Nadine Gasman, permanecen las trincheras conservadoras en nueve estados donde se producen horrores como el suscitado en octubre pasado en Querétaro. Allí, la fiscalía pretendió encarcelar por tres años a una adolescente de 14 años por haber tenido un aborto espontáneo y hacerle pagar 500 mil pesos en concepto de reparación de daños al padre del producto malogrado, pese a que el embarazo fue resultado de una violación. Sólo la condena social y del Ejecutivo federal logró frenar esa atrocidad respaldada por el Poder Judicial queretano.

Es necesario insistir en que la prohibición y la persecución del aborto no impiden que este fenómeno ocurra; sólo lo encarecen y lo empujan a una clandestinidad que pone en peligro las vidas de las mujeres, como demuestran las decenas de miles de muertes por abortos inseguros cada año en el mundo. Si a ello se suma el hecho de que la criminalización se ceba de manera desproporcionada sobre mujeres pobres, de zonas marginadas y pertenecientes a comunidades indígenas, queda claro que penalizarlo es una forma de castigo clasista y racista. Si se quiere disminuir la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo, el único camino realista y compatible con los derechos humanos es reforzar la educación sexual integral, el uso de métodos anticonceptivos y acabar con la violencia de género que es causa de tantos embarazos no deseados.