Bogotá. Bajo la sombra de unas modestas cifras de crecimiento económico publicadas por el oficial Departamento Nacional de Estadística (DANE), ayer reinició su trabajo legislativo el Congreso de Colombia, donde cursan a tropezones las tres principales reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro: salud, laboral y pensional.

La noticia de que la economía se expandió apenas 0.6 por ciento en 2023, publicada el jueves por elDANE, tomó por sorpresa hasta a los más pesimistas y al propio gobierno, que había pronosticado un crecimiento de al menos uno por ciento. Excluyendo el año de la pandemia, esta cifra es la más baja desde 1999.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció en medios locales que el dato estuvo por debajo de las expectativas y pronosticó que en 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un repunte de 1.5 por ciento. Para ello necesitamos poner en sintonía tanto la inversión pública como la privada y que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo sobre reducción de las tasas de interés

Según el ministro, la caída de la inflación (8.35 anual) facilita que el banco emisor baje las tasas de interés, lo cual, según el gobierno, ampliaría la inversión.

El tema que más preocupa a la mayoría de analistas económicos es la inversión. Las cifras del DANE la sitúan 10 puntos por debajo del promedio histórico, devolviéndose a números de hace 18 años.

Gremios patronales como la Federación Nacional de Comerciantes coinciden en que las altas tasas de interés han incidido en el descenso inversionista, aunque subrayan que hay una extendida sensación de incertidumbre entre los empresarios por los mensajes que envía el presidente Petro y por los efectos negativos que tendría la aprobación de las reformas bandera del gobierno.

A diferencia de otros periodos legislativos, en los que se sabía con exactitud cómo estaban repartidas las fuerzas, hoy es toda una incógnita saber cuáles son los congresistas que están a favor y en contra de las iniciativas del mandatario, excepto en el caso de los integrantes de las bancadas de la coalición de gobierno, que no son mayoría en ninguna de las dos cámaras.

El Congreso adelantó un mes su periodo legislativo en un ambiente turbulento de creciente polarización derivada de un fuerte choque del gobierno con sectores tradicionales a raíz de la demora de la Corte Suprema para nombrar un nuevo Fiscal General (procurador) tras el vencimiento del cargo de Francisco Barbosa, enemigo acérrimo del presidente Petro.

Durante el receso legislativo de casi tres meses, muchos de los partidos que habían declarado su respaldo al gobierno han ido mutando hacia la oposición o se han declarado independientes a la espera de que comiencen los debates y se vaya aclarando el panorama de las reformas, en primer lugar, la de la salud, que fue aprobada a finales de 2023 por la plenaria de la Cámara y entra ahora a una de las comisiones del Senado donde se pronostica un apretado voto-finish (triunfo por muy escasa diferencia de votos).

Esta reforma, defendida a capa y espada por el presidente Petro, pretende eliminar la intermediación de grandes corporaciones financieras en la prestación de este servicio básico, devolviéndole al Estado un papel protagónico en la salud, que garantice la ampliación de la cobertura a sectores marginales, enfatizando en métodos de prevención de enfermedades y salubridad pública.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes e integrante de la coalición de gobierno, aseguró que tanto la reforma a la salud como la pensional y la laboral van avanzar, pues hay una ciudadanía que pide justicia social y eso es lo que representa la agenda de cambios que ha presentado el gobierno al legislativo.

El horizonte no se ve tan despejado a los ojos de la oposición, que ha elevado el tono de su rechazo a las iniciativas con el apoyo de una buena parte del empresariado y de casi todos los medios de comunicación del país.