Un total de 245 organizaciones internacionales de 31 países entregaron esta semana una petición exigiendo que el fiscal general salvadoreño retire los cargos por motivos políticos contra los Cinco de Santa Marta, destacados defensores del agua arrestados el 11 de enero del año pasado, que lideraron la protesta que culminó en una histórica prohibición de la minería destructiva para el medio ambiente en 2017

Los cinco están acusados de un presunto asesinato hace más de 30 años, durante la guerra civil que cobró la vida de 75 mil personas. El gobierno no ha presentado ninguna prueba de culpabilidad de los cinco.

En la carta, dada a conocer por el Instituto para Estudios Políticos (IPS), los firmantes aseguran que el gobierno de Nayib Bulkele “considera revocar la prohibición (…) para recuperar a las corporaciones”, y que los arrestos buscan silenciar a estos defensores del agua y desmovilizar la oposición comunitaria.

Necesitamos el apoyo continuo de la comunidad internacional para garantizar que se respeten los derechos humanos básicos, como el de debido proceso, dijo Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta.

Este caso y el de otros 17 sindicalistas presos fue investigado por el IPS, con sede en Washington, que publicó el informe Estado de Decepción, en el cual denuncia la politización de sus procesos.

Nos sorprendió el nivel de temor a arrestos arbitrarios entre la gente común y corriente en El Salvador, dijo John Cavanagh, asesor del IPS.