Sobreviviente de la larga noche de neoliberalismo en Colombia, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, considera que en su país, el segundo más desigual de América Latina no se puede lograr la paz, sólo con el silencio de los fusiles ni de un día para otro, y por eso explica cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro lucha por alcanzar la justicia social que finque la paz.

La funcionaria colombiana, de visita en México, concede una entrevista a La Jornada sobre las acciones del progresismo tras 32 años de gobiernos neoliberales en su nación.

“Tenemos el reto, el gran desafío: la lucha contra la desigualdad. Es increíble que la brecha va aumentando todos los días. Menos ricos, pero con más plata, más concentrada, y todos los días más pobres y con menos plata.

Nuestro presidente tiene absolutamente claro, al igual que nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, que para que Colombia pueda avanzar, primero que todo tenemos que dignificar la vida, y para ello se tiene que romper con la guerra y eso significa avanzar de una economía ilícita, de guerra, a una economía de paz que permita manejar los elementos, por ejemplo, de la transición energética.

–Sí, ese parece ser el punto, ¿cómo lograr paz si no existe justicia social?

–Bueno nosotros estamos trabajando en el entendido de que la paz es un proceso, que no se hace de un día para otro, esto significa que tenemos que plantear procesos que den, no sólo seguridad a la gente, sino que nos permitan, por ejemplo, que no se persiga a nadie por su pensamiento. Ese es un tema central de este gobierno; es decir, que la gente se pueda expresar con toda libertad sin que eso lo lleve a la muerte.

La Ministra Ramírez echa mano de la memoria, dolorosa en este caso: “El genocidio contra la Unión Patriótica –partido de oposición fundado en 1984 que sufrió el asesinato de cuando menos 4 mil de sus militantes y que se formó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– Ejército del Pueblo y el Partido Comunista Colombiano, es reconocido en el mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que Colombia tiene que hacer la reparación del daño porque fue el exterminio de un movimiento político que surgió de un proceso de paz y que fue aniquilado por el solo hecho de pensar diferente, de pensar que Colombia tenía que transitar hacia los derechos de todos.

“Vuelvo y repito: la paz es un proceso y esa es una comprensión que tal vez nuestros pueblos no tienen porque nuestros pueblos piensan quehacer la paz es silenciar fusiles, que no es fácil, no es sencillo, pero que con esto de inmediato deberían dejar de existir los problemas, pero la paz no significa ausencia de conflictos, todo lo contrario, lo que se busca es que los conflictos tengan solución por la vía el diálogo, la negociación y, desde luego mediante la justicia social.

“Nosotros –el gobierno del presidente Petro– nos encontramos con dos Colombias, una que tenía todo en las ciudades, mientras en las periferias se mostraba la carencia de derechos, y una Colombia profunda que es más de la mitad del territorio donde el ‘Estado’ sólo llegaba por conducto de los grupos militares.

“Ibas a alguna parte y cuando preguntabas: ¿Dónde está el hospital?, te respondían: no hay hospital, un centro de salud sí, que es el que construyeron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); las carreteras las hicieron también las FARC, el polideportivo, las FARC; es decir, el Estado no tenía presencia, pues uno de los elementos centrales del proceso es que la institucionalidad tiene que llegar a todos los territorios, y no sólo en forma de fuerzas militares, sino en forma de derechos. Las escuelas, los hospitales...

“Tiene que haber un pensamiento integral de desarrollo nacional y no simplemente de unos mercaderistas o del capital que es importante, pero no es la esencia de la humanidad. Para que avancen los procesos de paz, nos reunimos con las fuerzas vivas de la comunidad.

También con los grupos al margen de la ley. Con las FARC se mantuvo un proceso de cuatro años. Negociaciones, digamos, en un círculo, en el que hubo encuentros para convencerse de la importancia de dejar las armas; a cambio se ofrecía un desarrollo territorial y se crearon los planes de desarrollo con enfoque territorial que tienen como punto fundamental el diálogo con las comunidades. Les llevamos agua potable, se hacen las vías para que se comuniquen y desarrollen sus mercados.

▲ Para Gloria Inés Ramírez Ríos, quien ha transitado desde el Partido Comunista al Senado y ahora al gabinete en la cartera de Trabajo, este será el año de las verdaderas acciones del petrismo.Foto Luis Castillo

La ministra Ramírez Ríos, clara en su manera de pensar, ha echado mano de los instrumentos de la democracia para mantener una lucha que lo mismo la convirtió en miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista colombiano, que la llevó al Senado, sin dejar de lado el sindicalismo, en el que fungió como presidenta de la Federación Colombiana de Educadores.

Hay también una lucha muy fuerte con todo lo que significan los poderes ilegales, que son poderes mafiosos, y el jefe de Estado ha establecido que tiene que haber una política y una visión distinta de la estrategia antidrogas actual, que se basa en la fumigación de plantíos de coca y en el combate al país productor, pero nada en cuanto a los países consumidores de estupefacientes.

La ministra advierte, como ya se hizo en México en la cumbre antidrogas del año pasado, que la política para frenar la producción y consumo han fracasado y recuerda que la próxima reunión internacional sobre el asunto se efectuara en la ciudad de Cali, y advierte que se tienen que buscar las formas para convertir las economías ilegales en economías lícitas que permitan a las poblaciones productoras vivir dignamente.

No se trata de sustituir un cultivo por otro, sino de transformar esa economía para que la gente pueda vivir en dignidad. Estamos trabajando, por ejemplo, los programas de Los Jóvenes en Paz, que es una estrategia para arrebatárselos a la guerra, a la pandillas, como los sacamos del sicarismo.

–Uno de los problemas de los gobiernos contrarios al neoliberalismo, los gobiernos de la transformación es que los cambios tardan, pero la gente tiene urgencia. ¿Cómo hacer para evitar, por ejemplo, la frustración entre los trabajadores, entre la gente?

–Eso es absolutamente cierto. Hay una asincronía entre la necesidad y la solución a esa necesidad, y es que eso pasa por las burocracias, por las marañas jurídicas, que se han tejido. En el caso de nuestro país, son 200 años, y es la primera vez en ese tiempo que llega un gobiernos alternativo, de izquierda y en cuatro años –periodo presidencial– no se pueden hacer todos los cambios necesarios, pero nosotros sí tenemos absolutamente claro qué es lo que hay que empezar a transformar, que el mandato que nos dieron no es para hacer más de lo mismo, hay que generar el cambio y éste crea una disrupción, y hay mucha resistencia, la derecha, por ejemplo hace resistencias totales.

“La derecha dice que quiere la paz, pero cuando se generan las propuestas ellos no están porque no es la paz ‘a su medida’. Dicen que no se oponen a los cambios, pero cuando se presentan las reformas, quieren más de lo mismo. Quieren cambiar para que todo siga igual. Nosotros tenemos que actuar rápido. Este 2024 es clave, es el año de la ejecución de nuestro mandato, de la ejecución de nuestros presupuestos.

“Hasta ahora se ha ejercido el presupuesto del gobierno que salió, y este año debemos concretar las formas de nuestro mandato, llevar la teoría a la práctica. Usted lo ha dicho, la transformación demora porque se tiene que cambiar todo. Nosotros tenemos tres poderes, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.

“Tenemos toda la intención de cambio, pero los poderes son autónomos y tenemos un Legislativo en el que el gobierno no tiene mayoría y un Poder Judicial que viene también de estructuras anteriores. No es sencillo, pero tenemos toda la decisión política y la voluntad.

Otro elemento que quiero dejar claro no sólo lo puede hacer el gobierno: ir de la mano del tejido social, de organizaciones populares, de las fuerzas vivas de la sociedad en las que también está el empresariado.

Precursora en la lucha por la defensa de las mujeres en Colombia, la ministra afirma que la experiencia de México y Colombia nos está mostrando que es necesario construir un poder popular para que las mayorías puedan avanzar, y eso es lo que están haciendo Andrés Manuel López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia.