Buenos Aires., Después de tres días de represión brutal contra las manifestaciones pacíficas frente al Congreso de la Nación, utilizando una desproporcionada presencia de fuerzas de seguridad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en la que advierten la escalada de violencia estatal a la que asistimos en estos días, mientras se confirmó que en las movilizaciones antigubernamentales de antier hubo 20 detenidos y decenas de personas golpeadas en las calles aledañas, lesionadas con gas pimienta que produce quemaduras y ahogamientos.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional confirmó la detención de las 20 personas después de la represión contra manifestantes que protestaban pacíficamente frente a la sede del Congreso, cuando se firmó un dictamen aprobando en primera instancia de la ley ómnibus, presentada por el presidente Javier Milei el pasado 27 de diciembre, la cual incluía 664 artículos de los cuales quedaron la mitad después de los debates en la Cámara de Diputados.

Exigen respeto a la prensa local e internacional

Entre los detenidos están dos fotógrafos de prensa chilenos, a los que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere deportar, como había dispuesto hacer con delincuentes.

El CELS solicitó a la CIDH protección para los profesionales de los medios de comunicación, al destacar que figuran entre los más atacados en las protestas, como se vio el pasado jueves, cuando alrededor de 30 reporteros resultaron heridos por balas de goma y gas pimienta y otras sustancias, además de ser golpeados con bastones, cuando cubrían la represión policial.

En su recurso, el centro sostiene que, debido a la gravedad de la situación, y ante la inminencia de nuevas acciones opresivas frente a otras protestas, solicitamos que se otorguen medidas cautelares individualizadas a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad del gobierno capitalino, advirtió en declaraciones a una estación de radio local que va acudir a la ley para que los detenidos y las organizaciones participantes paguen los destrozos, exigiendo 50 millones de pesos argentinos (60 mil 450 dólares) por daños al patrimonio público, lo que figura en el Protocolo Antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declarado ilegal por la Organización de Naciones Unidas, lo que originó una serie de demandas a escala internacional, ante los recursos presentados por sindicalistas y otros organismos, tras recibir multas millonarias para pagar el gasto de los operativos policiales.

Los militantes que salieron antier, en su mayoría de grupos de izquierda, gremios sindicales o de jubilados, así como otros ciudadanos, fueron víctimas de inusitada violencia por agentes de la Policía Federal, Gendarmería y la corporación de Seguridad Aeroportuaria, que fueron respaldados ayer por Bullrich, quien anunció que presentó una denuncia penal contra los manifestantes y felicitó por su profesionalismo a las fuerzas del orden, bajo el lema de el que las hace las paga.

Los dos fotógrafos chilenos, Pablo Sabando Aburto y Sergio Luciano Rivotta, que estaban trabajando en el lugar, fueron acusados de causar desastres en su país en 2019, cuando la población salió a las calles y fue reprimida por los carabineros, dejando decenas de heridos y detenidos y los vinculó a la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

También las asociaciones de Tele-radiodifusoras Argentinas y la de Radiodifusoras Privadas, que agrupan a todos los canales de difusión electrónica en el país, manifestaron el más enérgico repudio a la represión de las fuerzas de seguridad durante la segunda jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y la violencia contra trabajadores de medios de comunicación ,que pusieron en riesgo la vida de las personas y afectan la libertad de prensa lo cual debilita el funcionamiento de nuestras raíces democráticas.