Bogotá. A nueve días de terminar su periodo como fiscal general (procurador), Francisco Barbosa ocupa el centro de la escena política colombiana, no sólo por haber dedicado sus últimos meses en el cargo para deslegitimar y agredir al presidente Gustavo Petro, sino porque éste lo ha acusado el fin de semana de encabezar un golpe de Estado, en alianza con cárteles de la droga.

Al hacer públicas sus denuncias contra Barbosa, Petro ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles, asegurando que llegó el momento de la expresión popular.

Son muchas las gotas que han colmado la paciencia del jefe de Estado, pero el allanamiento de la sede del poderoso sindicato de maestros para buscar supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral terminó con un llamado, no exento de dramatismo, a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y sindicatos de trabajadores de Colombia y del mundo para que se pronuncien sobre el acoso político en su contra.

De acuerdo con Petro, que cumple esta semana 19 meses en la Casa de Nariño, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente elegido por el pueblo.

Agregó, como prueba de sus afirmaciones, la suspensión temporal al canciller Álvaro Leyiva, inmerso en una investigación por la licitación de nuevos pasaportes, declarada desierta por los organismos de control.

Al mejor estilo bíblico de tirar la piedra y esconder la mano, Barbosa ha pretendido ignorar las alertas emitidas por el presidente Petro sobre sus planes conspirativos, al contestar ante los medios: estoy desesperado por dejar el cargo y llamar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no dejarse presionar por el Ejecutivo en su rol de elegir a su sucesor, que, en todo caso, será una sucesora, pues –atendiendo los procedimientos constitucionales–

Rechazan la terna para nuevo procurador

La CSJ deberá escoger al nuevo jefe del ente acusador de una terna enviada por jefe de Estado e integrada por tres mujeres, todas ellas con hojas de vida ligadas a la defensa de derechos humanos.

Voceros políticos de las fuerzas más conservadoras han deslegitimado la terna, apelando incluso a viejos métodos macartistas, como que una de ellas, la abogada Amelia Pérez, tiene en su oficina un cuadro de Jaime Pardo Leal, candidato de izquierda a la presidencia, asesinado en 1987 en el desarrollo de una operación conjunta de las fuerzas militares y grupos paramilitares denominada El Baile Rojo.

Pese al llamado de Petro para que se haga sentir la expresión popular, no se han reportado grandes movilizaciones ni en Bogotá ni en las principales ciudades del país.

Lo que sí ha subido es el volumen y el tono de las declaraciones de opositores y defensores del gobierno.

Juan Espinal, legislador del Centro Democrático, instó al presidente y a su canciller Leyva a respetar nuestras instituciones y la normatividad vigente.

En opinión del político opositor, ningún funcionario está por encima del imperio de la ley, y las decisiones de la justicia y de los entes de control son de cumplimiento obligatorio.

Claudia Flórez, secretaria general del Partido Comunista, que tiene la cartera de Trabajo en el gabinete del actual gobierno, escribió en la red social X: “¡Máxima alerta! El establecimiento viene implementando el libreto del ‘golpe blando’. La denuncia que hace el presidente Petro deja en evidencia a la derecha mafiosa de siempre. Ante la gravedad, asumimos el llamado a la movilización. El gobierno popular se defiende en la calle”.