a noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables del derrumbe ocurrido hace un mes en el yacimiento carbonífero de El Pinabete, en Coahuila, en el que 10 mineros quedaron atrapados por una inundación súbita del pozo en el que trabajaban, es un paso en la dirección correcta para prevenir accidentes similares, tan frecuentes, por desgracia, en la minería.

l jueves pasado, el presidente de EU hizo un llamado a la nación a rechazar el extremismo que ha inundado el panorama social y político, y amenaza con ahondar la división entre los estadunidenses. El tono enérgico que utilizó el presidente puede entenderse de varias maneras: frustración, preocupación, inseguridad y desaliento. A 18 meses de haber llegado a la Casa Blanca, y no obstante haber dado importantes pasos en su agenda de reformas, no parece que su intención de gobernar para todos los estadunidenses, independientemente de sus creencias políticas y religiosas, haya tenido el efecto deseado en su discurso de inauguración.

l informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a ratificar lo que siempre se supo y se quiso ocultar: Fue un crimen de Estado. Con esas cinco palabras iniciamos el texto publicado en esta sección de La Jornada el 13 de octubre de 2014, a sólo dos semanas de los hechos. Entonces, a partir de la información periodística y testimonios de estudiantes sobrevivientes de los sucesos de Iguala la noche del 26 para el 27 de septiembre hace ocho años, por simple lógica llegamos a esa conclusión elemental. Seis personas fueron asesinadas −tres de ellas estudiantes, uno de los cuáles, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado vivo− y 43 jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos fueron detenidos de manera tumultuaria y luego desaparecidos en un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Escribimos: No se debió a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista (y racista) de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas. Agentes estatales violaron el derecho a la vida de tres de sus víctimas y una fue torturada; los 43 desaparecidos fueron detenidos por agentes del Estado, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparición forzada. (C. Fazio, Ayotzinapa, terror clasista, La Jornada, 13 y 27/10/14).

rometí dedicar esta vez mi ar­tículo a la lucha de las comunidades agrarias contra la minería. Y como parte de ello expreso mi protesta por el nombramiento de un fundador de Morena en el estado de Hidalgo como nuevo responsable de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), institución vital para conservar la flora y la fauna de México, patrimonio invaluable que la minería suele destruir. Por tan absurdo nombramiento, el doctor José Sarukhán renunció a la presidencia de la Conabio, agobiada este sexenio por carencia de recursos. Él fue clave para dar a dicha institución prestigio ­internacional.

odo estudiante de ciencias habrá leído alguna vez el breve texto del físico Richard Feynman titulado El valor de la ciencia, escrito en 1955. Dice que, como se sabe, el conocimiento científico permite hacer muchas cosas; que si se hacen buenas cosas no sólo se debe a la ciencia, sino que derivan de las elecciones éticas que encaminan hacia el bien.