n Chile fue rechazada por amplia mayoría la propuesta de nueva Constitución que sustituiría a la que elaboró y heredó la dictadura encabezada por el general golpista Augusto Pinochet.

A reserva de que se inicie un nuevo proceso constituyente, cuyo texto reformado sería sometido a otro plebiscito como el de este domingo, el resultado significa un trascendente revés al movimiento que en octubre de 2019 inició, con el llamado Estallido Social (movilizaciones, manifestaciones, protestas), un camino institucional que llevó a la convocatoria a un congreso elegido especialmente (con paridad de género) para redactar una Constitución que supliera la de 1980.

Pero, además del refrescante ejercicio de ese congreso constituyente (avalado por otro plebiscito), aquel Estallido Social creó las condiciones para una alternativa progresista muy esperanzadora, la de Gabriel Boric como candidato presidencial (luego triunfador), quien integraría su gabinete con personajes de izquierda, tanto jóvenes (sobre todo, provenientes de luchas estudiantiles) como maduros, que ahora han perdido de manera reveladora este plebiscito (de votación obligatoria).

Hay varios puntos que merecen lectura política cuidadosa desde la izquierda latinoamericana: la sociedad chilena votó casi 80% a favor, en un primer plebiscito sobre el tema, por una nueva Constitución, pero también rechazó ampliamente el resultado del congreso constituyente que incorporó a esa Carta Magna derechos sociales, reconocimiento a la conformación plurinacional y temas delicados como el derecho al aborto y a la muerte digna.

En el fondo, la batalla chilena fue entre los grupos de derecha, que promovieron la idea de repeler el comunismo y el castrochavismo, y el movimiento progresista llegado al poder federal, pero aherrojado por el aparato institucional y por sus propios errores políticos.

La derrota de esa izquierda, reivindicatoria del allendismo, fue notablemente mayor a las estimaciones de los estudios de opinión. Esa izquierda debería leer, entender y atender con mucho cuidado el 61.9 contra la nueva Constitución, frente a 38.1 a favor.

Cierto es que en el subcontinente latinoamericano se han producido triunfos electorales de la izquierda que hacen perfilar una nueva oleada progresista regional, pero es necesario analizar caso por caso y revisar los términos en que también se está produciendo, de manera proporcional, una oleada de activismo derechista, reaccionario.

En Argentina se viven momentos de gran tensión luego del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, perfilada a un nuevo periodo presidencial, sujeta a un proceso judicial que pretende encarcelarla por 12 años y quitarle de por vida la posibilidad de candidaturas a cargos públicos.

En Perú, Pedro Castillo, también de izquierda popular, ha resultado sumamente inexperto en el ejercicio gubernamental y sus opositores pretenden declarar vacante la Presidencia y someterlo a juicio. En Colombia, el proyecto pacificador de Gustavo Petro enfrenta resistencias que incluso han tenido expresiones violentas. Y en Brasil se han denunciado formalmente las confabulaciones de multimillonarios deseosos de impedir que Lula da Silva vuelva a ser presidente. ¿Qué deben analizar y valorar de todo esto Andrés Manuel López Obrador, el movimiento que lo llevó al poder y las izquierdas tanto electoral como social de México?

Y, mientras en el Área Metropolitana de Guadalajara avanza un negocio dañino a la ecología que realizan Citibanamex y AlteaCorp (empresa favorecida por Enrique Alfaro de 2016 a 2020 con 44 millones de pesos en contratos, reporta el académico Álvaro Quintero) en el Parque Metropolitano de Zapopan, donde autoridades municipales y estatales (de Movimiento Ciudadano) han concesionado, a precio de ganga, 4.6 hectáreas de parque público por cinco meses para los espectáculos de ganancia privada denominados Calaverandia y Navidalia, ¡hasta mañana!

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