a noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables del derrumbe ocurrido hace un mes en el yacimiento carbonífero de El Pinabete, en Coahuila, en el que 10 mineros quedaron atrapados por una inundación súbita del pozo en el que trabajaban, es un paso en la dirección correcta para prevenir accidentes similares, tan frecuentes, por desgracia, en la minería.
De acuerdo con la institución, los imputados son Cristian Solís, dueño de la mina, acusado de explotar un bien nacional sin contar con concesión, permiso o autorización, y otras dos personas cuyos nombres no fueron mencionados, que presumiblemente incurrieron en responsabilidad penal al permitir que se llevaran a cabo actividades extractivas de manera ilegal. La FGR considera prófugos a los tres, habida cuenta de que no acudieron a comparecer ante el juez el pasado 11 de agosto.
Debe recordarse que las explotaciones mineras, incluso cuando cuentan con los permisos, concesiones y autorizaciones pertinentes, suelen operar con un marcado déficit de medidas de seguridad laboral y ambiental, como pudo constatarse en la tragedia de Pasta de Conchos, también en Coahuila, en la que 65 trabajadores perdieron la vida a raíz de un derrumbe, y cuyos cuerpos a la fecha no han podido ser recuperados. Otro desastre minero que sigue impune es el derrame de 40 millones de lixiviados de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, en agosto de 2014, que afectó a más de 20 mil habitantes de la región. Ambas catástrofes ocurrieron en minas operadas por Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Cabe esperar que el que en esta ocasión se haya decidido formular imputaciones penales contra los presuntos responsables sea el principio del fin de la larga impunidad de empresas que en aras de maximizar sus ganancias han omitido elementales medidas de protección para sus trabajadores y han desdeñado la precaución que debe observarse a fin de no dañar el medio ambiente.
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El resultado del plebiscito para la nueva Constitución chilena, realizado ayer, es inapelable: casi 62 por ciento de los votantes rechazaron el texto propuesto y únicamente 38 por ciento sufragaron en favor de aprobarlo.
Semejante resultado constituye una grave derrota para los sectores que se movilizaron en años pasados –incluso en pleno auge de la pandemia de covid-19– en demanda de una nueva Carta Magna que permitiera superar las ataduras institucionales que forman parte del nefasto legado del extinto dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo régimen militar se impuso la Constitución actualmente vigente.
Por otra parte, el abrumador rechazo pone en un predicamento al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, cuya elección fue resultado de una ola de esperanza renovadora que aspira a modificar sustancialmente tanto los términos que rigen al poder público como al modelo neoliberal para el que el país austral sirvió de laboratorio durante la tiranía que encabezó Augusto Pinochet y que en las décadas siguientes ha dejado una cauda de desigualdad, pobreza e insatisfacción social que se traduce en protestas sociales periódicas.
Adicionalmente, por más que resulte ineludible la necesidad de dejar atrás la constitución pinochetista, el resultado del referendo de ayer deja en la indefinición el camino y el calendario que habrán de seguirse para elaborar una nueva Carta Magna.
Queda, pues, una nación que rechaza en forma mayoritaria la Constitución vigente, pero que no logró formular un consenso y ni siquiera una mayoría para un documento alternativo.
Se impone, en lo inmediato, la necesidad de que los liderazgos sociales, los gobernantes y la clase política en general esclarezcan los aspectos del texto constitucional propuesto que causaron el rechazo mayoritario y se aboquen a analizar los pasos necesarios para convocar a un nuevo organismo constituyente. Por el bien de los chilenos cabe esperar que sea pronto.
