a captura de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años, es el inicio de un nuevo capítulo en la ominosa historia de las persecuciones sufridas por el informador australiano y su organización, Wikileaks. En esa historia, que es uno de los más flagrantes atropellos contemporáneos a la libertad de expresión y los derechos de asilo y a la información, se han involucrado cuatro gobiernos que se dicen democráticos y respetuosos de la legalidad internacional: Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia y Ecuador.
Formalmente el acoso judicial en contra de Assange se inició a mediados de 2010, en Suecia, cuando dos mujeres lo denunciaron por supuestas agresiones sexuales. Las acusaciones eran tan poco verosímiles que la policía de ese país, donde se encontraba temporalmente, no encontró motivos para citarlo y mucho menos para retenerlo, por lo que viajó a Londres.
Estando en esa ciudad una fiscal sueca lo requirió para interrogarlo, petición que Assange resistió legalmente, por lo que fue encarcelado y posteriormente colocado en libertad condicional a la espera de que se resolviera en tribunales la demanda sueca. El acusado alegaba que el señalamiento en su contra –que ni siquiera llegó a ser una imputación formal– era un ardid para llevarlo a Suecia y de allí a Estados Unidos, por lo que cuando Reino Unido aceptó el pedido sueco de presentación, optó por refugiarse en la embajada ecuatoriana, donde permaneció hasta el momento en que fue capturado.
Pero los motivos reales de la persecución sueco-británico-estadunidense en contra del fundador de Wikileaks eran otros y fueron evidentes desde un principio: en 2010 esa organización divulgó materiales informativos confidenciales de Estados Unidos que evidenciaban los numerosos crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese país en Afganistán e Irak, lo que causó un severo daño a la imagen de Washington en el mundo.
Unos meses más tarde, Wikileaks dio a conocer un enorme conjunto de reportes diplomáticos confidenciales recabados por distintas legaciones estadunidenses en diversos países y enviados al Departamento de Estado, lo que detonó un escándalo con ramificaciones en muchas naciones. Esos documentos permitieron a la opinión pública mundial conocer la pasmosa injerencia de la superpotencia en otros gobiernos, innumerables actos de corrupción y abyección y, en el caso de México, el servilismo y la obsecuencia de la casi totalidad de la clase política nacional –empezando por el Ejecutivo federal, encabezado en aquella época por Felipe Calderón– ante el poder estadunidense. En los años siguientes, a pesar de que Assange se encontraba en un estado de virtual reclusión en la sede diplomática ecuatoriana en Londres, su organización ha seguido divulgando hechos que los poderes políticos, económicos y mediáticos de muchos países querrían conservar secretos. Esa tarea, sumada a las formas de socialización de la información, ha alterado profundamente la relación entre gobiernos y sociedades.
Así pues, hoy resulta inocultable que el cerco judicial en contra de Assange –al igual que la persecución de los estadunidenses Chelsea Manning, ex soldado que entregó a Wikileaks parte de la información divulgada, y Edward Snowden, ex analista de inteligencia– constituye una ofensiva en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información. En el caso del australiano, al entregarlo a la policía británica, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha atropellado adicionalmente el derecho de asilo y las leyes de su país.
Este indignante episodio, que tiene como telón de fondo el avance mundial de las derechas y las ultraderechas, sienta un pavoroso precedente para cualquier periodista que revele aspectos impresentables del gobierno estadunidense. Debe verse, en consecuencia, como un gravísimo atropello a los derechos humanos y como un ataque concertado por varias naciones en contra de la verdad. Es, en suma, un episodio nefasto para la libre información, el ejercicio del periodismo y la vigencia de la ley y de la democracia.
