l secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció ayer que el gobierno federal impulsará los cambios legales necesarios para que parte de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) puedan destinarse a aliviar la carga financiera que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá afrontar este año debido a vencimientos de deuda.
Esta nueva inyección de capital, por 100 mil millones de pesos, se suma a otros planes de apoyo a la empresa productiva del Estado implementados por la actual administración, entre los que se incluyen una reducción de su carga tributaria, una histórica capitalización contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y un incremento sustancial en la deducibilidad de sus costos, la cual pasará de 12.5 a 65 por ciento.
La decisión con que el gobierno actual ha encarado el salvamento de la que todavía es la empresa más importante del país, contrasta con la política de sus antecesores, que en el mejor de los casos puede calificarse como indolente, e incluso como de deliberado desmantelamiento. No se trata de una exageración: entre 2004 y este año, la producción de la otrora paraestatal se desplomó de 3.4 a sólo 1.7 millones de barriles diarios; la capacidad de refinación cayó de manera tan estrepitosa que el porcentaje de las gasolinas importadas pasó de 17.8 por ciento en la década de 1990 a 78.5 por ciento a finales de 2018 –hasta 99 por ciento en el caso del combustible denominado Premium–, y apenas entre 2014 y 2015 la nómina de la empresa sufrió un recorte de 9.5 por ciento, al pasar de 153 mil a 138 mil empleados.
El estado catastrófico en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió la petrolera se explica, en parte, por la caída en los precios internacionales del hidrocarburo, pero el hecho de que otras compañías del ramo hayan sorteado el trance en condiciones incomparablemente mejores, obliga a centrar el grueso de la explicación en las decisiones de los mandatarios recientes y de los funcionarios que pusieron al frente de Pemex, empeñados en traspasar las riquezas públicas al sector privado. Así lo indica, por ejemplo, el quebranto por 163 mil 172 millones 505 mil pesos sufrido en el primer semestre de 2018, pese a que desde inicios de 2016 los precios petroleros experimentaban un alza sostenida.
Por el significado histórico de Petróleos Mexicanos, por su capacidad para proveer recursos indispensables para detonar el desarrollo que la nación requiere, por su importancia estratégica en la defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional y por su viabilidad de largo plazo, cabe hacer votos porque el esfuerzo de rescate de la empresa fructifique y se deje definitivamente atrás la aciaga práctica de exprimirla sin ninguna consideración.
