Los despidos en el gobierno federal no terminan, y numerosos empleados aguardan hacia finales de este mes la definición de su suerte laboral. En todas las secretarías hay oficinas donde incluso no se ha realizado el obligado proceso de entrega-recepción de la administración pasada y en otras, por la incertidumbre sobre la permanencia de algunos programas, hay servidores públicos sin materia de trabajo.

Por ejemplo, los 500 trabajadores de Prospera en Veracruz no laboran desde hace dos meses. Su universo de acción son las 600 mil familias beneficiarias del programa en esa entidad –la mayor en cobertura junto con Chiapas– desplegado por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar. Sus salarios son de alrededor de 8 mil pesos mensuales, más viáticos.

Esta dependencia es un caso emblemático de cómo el nuevo gobierno ha hecho tabla rasa de estructuras y oficinas enteras sin analizar el perfil de puestos y el desempeño de quienes los ocupaban.

Lo mismo ocurre en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En ambas dependencias al personal contratado por honorarios y cuya vigencia terminó el 30 de noviembre ya no se le renovó el vínculo laboral sin importar su experiencia o eficiencia. Esto –se calcula– ha derivado en la salida de una tercera parte de esos servidores públicos cuyo nombramiento muchos habían obtenido vía el servicio profesional de carrera.

El recorte de técnicos especializados en temas de política social ha ocasionado que, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación hayan aparecido erratas frecuentes en documentos de esta secretaría, como las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores del pasado 30 de enero, y donde la publicación ubica su vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Por lo general a inicios de cada año, y en tanto se liberaban los recursos presupuestales, en varios programas sociales se detenía su aplicación operativa y se aprovechaba el tiempo para el trabajo prospectivo, aunque no había suspensión en la entrega de fondos. Esta vez, con el nuevo gobierno, entre el rediseño de las estrategias, la elaboración de censos y el recorte de personal, la parálisis en numerosas áreas es evidente.

En la Semarnat, y de acuerdo con su directorio, todavía faltan nombramientos como el del subsecretario de Fomento. Y hay direcciones, como la de Industria, cuyo personal se redujo a dos personas, mientras en la de Energía y Actividades Extractivas sólo quedó una.

En la propia Presidencia de la República, la oficina encargada de medios internacionales de la coordinación de Comunicación Social no ha sido entregada a la nueva administración, pues no hay todavía quién la reciba. Y desde diciembre hay una persona aguardando para hacer esta gestión.

En la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos en temas educativos, asesores, pedagogos, demógrafos, responsables de áreas de comunicación, abogados, contadores y demás, en labores administrativas –de confianza y eventuales–, no fueron recontratados.

Organismos desconcentrados y autónomos del sector educativo enfrentan el mismo escenario: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entre diciembre y enero despidió a 379 trabajadores, 40 por ciento de su planta laboral, y en proporción similar están el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP, confirmó que el adelgazamiento de la estructura de personal de confianza y por honorarios alcanzó a 30 por ciento en esa dependencia. A esta secretaría corresponde la obligación de atender 36.6 millones de alumnos y cuenta con 1.8 millones de trabajadores.

Personal de la SEP –a condición de anonimato– lamentó que en la mayoría de las subsecretarías –básica, media superior y superior– “no hubo interés en conservar a los equipos de expertos que venían trabajando desde hace por lo menos dos administraciones y con experiencia y conocimiento del sistema educativo, el cual es complejo no sólo por su tamaño, sino por la diversidad de subsistemas y la normatividad que lo rige’’.

Asimismo, en la Secretaría de Gobernación el recorte de personal alcanza hasta ahora al menos 2 mil plazas, equivalente a 30 por ciento de la plantilla del sector central. La medida, denunciaron trabajadores afectados, se tomó a rajatabla.

En diciembre, a petición de la titular, Olga Sánchez, el entonces titular de Administración y Finanzas, Juan Manuel Flores –se desconocen las razones de su dimisión hace tres semanas– dijo que se eliminarían siete unidades (de 21 existentes en 2018), 24 direcciones generales (de 55) y 84 direcciones adjuntas (de 153); las direcciones de área quedarían en 214 (de 411) y de seis subsecretarías permanecen sólo tres.

En la dirección de Normatividad de Medios quedó una magra nómina y se despidió a analistas en materia legal y encargados de la programación de pautas. Lo mismo se advierte en Radio, Televisión y Cinematografía, en Juegos y Sorteos, en Comunicación Social y en Enlace Legislativo, entre otras.

Frente a la posibilidad de despido, un centenar de trabajadores de Enlace Legislativo –operativos no basificados, pero que no alcanzan nivel ni salario medio– solicitó su incorporación al sindicato de Gobernación. Este bloque de empleados es uno de los más afectados, pues sus ingresos están congelados desde hace una década.

Finalmente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la poda de personal fue sobre embajadores y cónsules que obtuvieron un nombramiento político durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

(Fabiola Martínez, Angélica Enciso, Laura Poy, Alonso Urrutia, Ana Langner y Rosa Elvira Vargas)