a detención de Jorge Torres López, ex gobernador interino priísta de Coahuila (2011), dada a conocer ayer, así como la liberación condicionada del ex mandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés (2009-2015), realizada el sábado anterior, han vuelto a poner en el centro de la opinión pública el problema de la cauda de recientes ex gobernantes estatales envueltos en acusaciones de actos ilícitos de todo tipo, cuyo denominador común es la corrupción.
Además de las referidas, deben recordarse las situaciones que encaran los ex gobernadores Javier Duarte (Veracruz, preso), Roberto Borge (Quintana Roo, preso), Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, preso), Humberto Moreira (Coahuila, arrestado en España y puesto en libertad), César Duarte (Chihuahua, prófugo), Rodrigo Medina (Nuevo León, arrestado y luego absuelto) y Andrés Granier (Tabasco, en prisión domiciliaria). Este recuento evoca, por extensión, las sospechas y señalamientos en torno a los ex presidentes de la República.
El país tiene ante sí un preocupante legado de corrupción cuyas dimensiones intuyen los ciudadanos, debido a la devastación monumental causada al erario –y, por tanto, a los servicios públicos y al funcionamiento general de las instituciones–, los problemas de gobernabilidad, así como la inseguridad en las entidades afectadas; sin embargo, la extensión y la gravedad de esa cauda tóxica aún permanece parcialmente oculta.
En esta circunstancia, la propuesta presidencial de evitar una pesquisa masiva de la descomposición imperante en sexenios anteriores (borrón) y dejar que las instancias ministeriales y judiciales sigan el curso a procesos y denuncias específicas, contrasta con el reclamo de amplios sectores de la sociedad para los que la transformación del país ha de pasar, necesariamente, por la judicialización sistemática contra quienes amasaron fortunas escandalosas a partir del pillaje regular de los bienes públicos.
En la concepción de algunos resulta ineludible y obligatorio esclarecer y fincar todas las responsabilidades debidas en torno a la extendida podredumbre que campeó en las oficinas públicas. En cambio, la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador se sustenta tanto en la independencia y la autonomía de la que deben gozar la fiscalía y los tribunales, instancias en las que recae la procuración e impartición de justicia, como en una visión realista sobre la escasa viabilidad institucional y política de perseguir de manera activa al grueso de los mandos gubernamentales que promovieron la corrupción y se beneficiaron de ella, en la inteligencia de que una suerte de maxiprocesos
supondría empeñar en ese esfuerzo toda la energía y los recursos gubernamentales que se requieren, a veces de manera urgente, en otros rubros.
Lo cierto es que la cada vez más insoslayable montaña de robos, pillajes, complicidades con la delincuencia organizada y saqueos sobre la que hoy se encuentra sentado a la nación hace necesario un debate abierto acerca de los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes causaron daños incuantificables.
En suma, se trata de poner en la balanza, de un lado, la liberación de recursos institucionales para atender otros asuntos de la agenda nacional y evitar el empantanamiento del quehacer gubernamental en procesos judiciales difíciles y tal vez infructuosos, por la dificultad de documentar la mayor parte de los ilícitos cometidos, y de otro, la erradicación de la impunidad como requisito para que los logros no sean devorados por la corrupción que, como el mismo Presidente ha reiterado, es el mayor mal que azota al país.
Acaso este dilema pudiera destrabarse mediante la participación social, entre otras formas, con la denuncia de aquellos elementos probatorios que conozca y no hayan sido hechos del conocimiento de las autoridades correspondientes. Al fin de cuentas, en el combate a fondo de la impunidad está en juego la funcionalidad misma de la justicia mexicana.
