Esta semana, la Cámara de Diputados hará audiencias públicas para debatir el alcance de la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa y definir si se amplía el catálogo de delitos que ameritan este castigo.

Además de un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, acudirán los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, así como el representante en México del Alto Comisionado de Derechos humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab.

En la primera jornada, el miércoles, se abordará el tema Fundamento constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Asistirán el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto; el fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas, y el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva, entre otros.

Al día siguiente se abordará el tema Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa. Además de Jan Jarab, participarán el representante en México de la Organización de Estados Americanos, Aníbal Enrique Quiñónez; el ex procurador Sergio García Ramírez; los ministros en retiro José Ramón Cossío y Juan Silva Meza, y el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Enrique González.

El viernes, las mesas de trabajo serán Prisión preventiva oficiosa y sistema de justicia penal, así como Prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación.

A la primera asistirán organizaciones defensoras de derechos humanos; entre otras, de Justicia Pro Persona; Justicia, Derechos Humanos y Género, así como Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otros.

En la siguiente, además de juristas y especialistas en justicia, habrá representantes de Equis Justicia para las Mujeres, Provoces y Open Society, entre otros.

En diciembre, la Cámara de Diputados no pudo aprobar la reforma, debido a la diferencia de opiniones, lo que no garantizaba el voto de las dos terceras partes de los legisladores exigido cuando se trata de un cambio a la Constitución.

Además, el Senado pidió a la cámara aprobar sin cambios la minuta que le envió, donde, de los nueve delitos que los legisladores aprobaron en San Lázaro sólo se dejaron tres: uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

En el trabajo de dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados eliminó de la minuta los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo a casa habitación; robo al transporte de carga en cualquier modalidad; desaparición por particulares, y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.