Las autoridades deben establecer una política integral que prevenga, investigue y sancione el delito de desaparición. En un acto de congruencia entre la política interior y la exterior del país, el Ejecutivo federal debe aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Nacio-nes Unidas.

Ese es uno de los planteamientos centrales de una agenda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó a las instancias correspondientes con miras a la construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos.

El organismo convocó a los representantes de los tres órdenes de gobierno a impulsar aún más las acciones en beneficios de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares, y a atender las propuestas que sobre el tema ha formulado, especialmente las contenidas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, dado a conocer por la CNDH en abril de 2017.

Es fundamental que el problema sea reconocido y que se implementen –con base en los estándares internacionales– acciones para el registro adecuado de los casos de personas desaparecidas, atender las recomendaciones emitidas por instancias internacionales y asignar los recursos suficientes para la debida implementación de la Ley General en la materia.

Para la CNDH es preocupante la falta de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y localización de las víctimas por parte del Ministerio Público, lo que patentiza la necesidad de que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, ubicar su paradero, investigar conductas delictivas, identificar a los responsables, lograr que se les sancione, así como proporcionar a sus familiares un trato digno, sensible y respetuoso. También debe atenderse la problemática que deriva del aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez planteó una serie de lineamientos para que sean considerados en las polí-ticas públicas a establecer y nece-sarios para enfrentar este problema estructural.

Entre otros puntos, los lineamientos incluyen: emitir a la brevedad el Programa Nacional de Búsqueda; que las 32 entidades federativas asuman su responsabilidad y construyan de inmediato sus correspondientes comisiones locales de búsqueda y fiscalías especializadas de investigación de este delito; canalizar los recursos presupuestales necesarios para que las diversas instancias establecidas en la Ley General puedan cumplir cabalmente con sus funciones.

También se propone crear un eficiente Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que permita distinguir las desapariciones forzadas de las atribuidas a particulares o miembros de la delincuencia organizada; asimismo, profesionalizar a todo el personal que participe en labores de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas, y la armonización legislativa entre la ley general y las normas locales.