La juez de distrito en materia Administrativa en Ciudad de México Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez admitió a trámite un amparo de la organización Pueblo y Comunidad Indígena de El Contadero contra el decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

En el amparo de El Contadero, pueblo originario de Ciudad de México, ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa, se dice que ninguno de los habitantes fue convocado por el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República o la Se- cretaría de Gobernación para participar en una consulta previa, libre e informada, en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales para dar el consentimiento a la ley del nuevo instituto de pueblos autóctonos.

Asimismo, dice que la supuesta consulta que realizó el Poder Legislativo fue de carácter regional y no particular, informativa, abstracta y difusa, sin apegarse a los criterios previstos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo determinado por la OIT.

Señala que la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un instrumento arbitrario con el que el nuevo gobierno federal y el Poder Legislativo pretenden definir los nuevos lineamientos de la políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para transformar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos, derecho que sólo les compete a las personas indígenas en función de sus derechos a la autodeterminación, el autogobierno, al territorio y a sus recurso naturales.