l asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, John Bolton, anunció ayer la confiscación de los fondos bancarios de Citgo, filial estadunidense de la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA.

El secretario estadunidense del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo, en tanto, que en lo sucesivo Citgo podrá continuar con sus operaciones siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada por la Casa Blanca.

El grado de hostilidad de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de Caracas puede medirse por el hecho mismo de que se haya hecho participar a Bolton, un conocido halcón extremista, en una conferencia de prensa conjunta que habría podido ser protagonizada únicamente por un funcionario financiero. Para enfatizar el tono bélico de la exposición, el asesor de Seguridad Nacional exhibió ante los medios, en un estilo abiertamente gangsteril, de comunicar amenazas una libreta con la anotación 5 mil soldados en Colombia.

Por donde quiera que se vea, la determinación de Washington es ilegal. Un diferendo político no autoriza a ningún gobierno a bloquear las propiedades de otro y resulta previsible que el de Venezuela denuncie la medida ante organismos internacionales. Independientemente de la posición que se tenga en torno de la confrontación que se desarrolla en el país sudamericano, es inaceptable que la superpotencia viole de manera tan flagrante la legalidad internacional.

Desde otra perspectiva, la confiscación de los fondos de Citgo representa un golpe severísimo para las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro, que dependen en buena medida de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos (unos 500 mil barriles diarios).

Aun si Caracas opta por enviar ese crudo a otros compradores, los costos de transporte y las condiciones financieras reducirán sus ingresos y se acentuará de esa forma la penuria económica que enfrenta Venezuela.

Al margen de las dificultades de liquidez para el régimen, la agresión económica estadunidense se traducirá en una menor capacidad del país sudamericano para adquirir insumos básicos para la población tales como alimentos y medicinas. Así, la principal afectada por la sanción anunciada ayer será la población venezolana.

Es inocultable que la medida apunta a agravar la carestía y la escasez de comida y otros productos básicos para atizar, de esa manera perversa, el descontento popular contra Maduro y de allegarle algún apoyo social al congresista opositor Juan Guaidó, quien en días recientes se autoproclamó presidente encargado, con el respaldo de Washington y sus aliados regionales.

La maniobra anunciada ayer por Bolton y Mnuchin exhibe, pues, la hipocresía del intervencionismo estadunidense en el país caribeño: el gobierno de Trump dice preocuparse por los sufrimientos de la gente venezolana, pero no duda en incrementarlos con tal de lograr el derrocamiento de Maduro y la imposición de un incondicional en el palacio presidencial de Miraflores.